AVISO A LA COMUNIDAD SOBRE LA RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA LATERANENSE Y LAS CAPILLAS

 

   Desde hace algunos meses todos ustedes han visto en el pórtico de la basílica las imágenes del proyecto de restauración de los edificios religiosos de Jala, así como los datos acerca de lo que se ha recaudado entre nosotros y entre los “hijos ausentes” sobre todo de California. Al día de hoy, la cantidad recaudada asciende a $160,216.00 y se encuentra debidamente custodiada en la tesorería del Patronato constituido en Asociación Civil.

  Es natural y además justo, que nos preguntemos, ¿por qué no se han empezado las obras? Para responder a esta pregunta es conveniente hacer un recuento de lo que se ha venido sucediendo:

  En 2009, en una visita que hizo el gobernador Ney González, el Señor Cura Bernardo Becerra y varios miembros de la comunidad le dieron a conocer el interés de que se apoyara para la restauración integral del edificio de la basílica y de las capillas antiguas. El gobernador respondió afirmativamente y unos meses más adelante se hizo en la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado un proyecto integral que contempla tres etapas para la restauración con sus respectivos presupuestos. Parecía que todo marcharía sin obstáculos y hasta se llegó a pensar que podrían estar terminados los trabajos para diciembre de 2012, centenario de la dedicación o consagración de la basílica.

  Cuando tomé posesión de la parroquia, el 6 de junio de 2010, encontré debidamente organizado el Patronato y claramente establecida la manera en que se harían las aportaciones correspondientes al gobierno federal a través de un fondo especial llamado FOREMOBA, el gobierno estatal, el Ayuntamiento municipal y la comunidad por medio del Patronato.

  A fines de 2010 se aprobó por el Consejo de FOREMOBA después de considerar los detalles de los proyectos, una aportación de $1’000,000.00 distribuidos por partes iguales para la basílica y las capillas. Este dinero se depositó en marzo de 2011 en una cuenta del gobierno de Nayarit y se firmó un convenio para que igual cantidad aportara el gobierno del estado. El municipio había aprobado una aportación y para la comunidad se ajustó en una cantidad realista: $100,000.00.

  A pesar de lo anterior y de constantes insistencias ante la Secretaría de Finanzas y de Obras Públicas del estado, la obra no se iniciaba. Por consiguiente, a principios de junio los Sres. Samuel Carrillo, Presidente del Patronato, Víctor González vocal del mismo y un servidor nos entrevistamos con el Señor Obispo de Tepic, Don Ricardo Watty Urquidi (q.e.p.d.) solicitándole que nos acompañara a visitar al gobernador para exponer la situación de Jala. El día 9 de junio estuvimos con el gobernador Ney González los antes citados encabezados por el Señor Obispo. El gobernador convocó ahí mismo a los Secretarios de Finanzas, Obras Públicas y Cultura, les dio instrucciones de que procedieran a cumplir lo que había que hacer e incluso dijo que si el Municipio de Jala no podía o no quería cooperar, el estado aportaría los $100,000 que le correspondían al municipio. De igual modo indicó –lo que es obvio—que el cambio de gobierno no tendría por qué afectar este asunto.

  De hecho, durante julio se realizó la convocatoria para licitar la primera etapa de trabajos y la licitación tuvo lugar el 4 de agosto, quedando señaladas las empresas para las obras y la supervisión de los Arqs. María de Lourdes Vázquez y Raymundo Ramos, que desde tiempo atrás daban seguimiento a los proyectos. Una vez realizado lo anterior, se anunció como fecha de inicio de la obra el 5 de septiembre. Desde luego ésta no podría cumplirse si no se tenían los cheques correspondientes al 30% de la cantidad asignada por los gobiernos federal y estatal así como los otros participantes en manos de las empresas.

  Como no estuvieron preparadas las cantidades excepto la del Patronato, se habló de que la obra comenzaría en octubre y más tarde en noviembre. Para esto, el 19 de septiembre tomó posesión el nuevo gobernador, Roberto Sandoval y en Jala unos días antes el Presidente del Ayuntamiento Municipal, C.P. José Antonio Cambero.

  Dada la situación, el día 9 de noviembre conversé personalmente en la ciudad de México con la Lic. Cristina Artigas de Latapí, Directora del FOREMOBA quien creía y hasta había anunciado que se estaba realizando la restauración de tanto tiempo aprobada y programada. Me expresó su preocupación sobre todo porque el dinero federal estaba ya desde marzo en manos del gobierno del estado y que si éste no da la aportación propia y pone a circular la entrega de la federación, tendrá que devolverse a FOREMOBA $1’000,000.00. El 28 del mismo mes, la Lic. Latapí me habló por teléfono exponiéndome de nuevo su preocupación; le dije que hablara con el Secretario de Obras Públicas, Ing. Gianni Raúl Ramírez a quien al día siguiente le escribí con amplitud exponiéndole el caso y diciéndole lo siguiente: “[…] no consideramos ético dejar sin aplicar aportaciones que, en última instancia, proceden del pueblo mexicano y que, en los casos de los gobiernos federal, estatal y municipal están ‘etiquetados’ desde el momento de su asignación, por lo que la sucesión en los cargos en el estado de Nayarit no tendría por qué afectarlos…Me permito solicitarle la pronta solución del ‘punto muerto’ en que nos encontramos, pues sería lamentable que lo que con tantos esfuerzos se ha hecho tuviera que rehacerse en circunstancias más complejas y con resultados imprevisibles a causa de la tardanza en esta resolución.”

  El 2 de diciembre se presentó en Jala un inspector de parte del gobierno federal (CONACULTA-FOREMOBA) a fin de verificar el estado de las obras. Comprobó que éstas no se han iniciado. El día 16 la Subdirectora de FOREMOBA, Lic. Gabriela Rubiello se comunicó conmigo para insistirme en el riesgo de que si no se empiezan los trabajos a más tardar en enero de 2012, el gobierno del estado tendrá que enfrentar la devolución de lo aportado que se depositó en su cuenta en marzo de 2011. En la tarde de ese mismo día me habló la Arq. Ma. de Lourdes Magaña indicando que a más tardar la semana entrante se dará el 30% de las aportaciones para que las empresas puedan comenzar sus trabajos. Así lo esperamos.

 

  Quiero, después de comunicar esta información, ofrecer algunas reflexiones que surgen a propósito de ella:

  Con la Ley de Desamortización y después de Nacionalización de Bienes de las Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, a partir de 1855 las comunidades religiosas, cofradías de laicos y las tierras comunales de los indígenas, perdieron su capacidad económica haciendo imposible, en el caso de los templos, la adecuada conservación y restauración, que se habían podido realizar desde el siglo XVI. Por eso las capillas de la Inmaculada y San Francisco de Jala cayeron en deterioro creciente y la construcción de la basílica se hizo con bienes privados pero sin contar con la posibilidad de mantenerla debidamente. Con la promulgación de la Constitución de 1917, los templos y anexos, que continuaban en propiedad y administración de las diócesis y parroquias pasaron a la jurisdicción del gobierno federal. Por consiguiente, se consideran “bienes nacionales” o “bienes de la Nación”, ejerciendo el Estado la representación del pueblo mexicano. Erróneamente se ha hablado –y trasmitido en la educación primaria, secundaria y superior—que los templos y anexos eran “bienes del clero” o “de la Iglesia”, entendida ésta en equivalencia al “clero” y no como la comunidad de los fieles. La ley de 1855 en realidad lo que hizo fue despojar a la comunidad de la posibilidad de preservar lo que le había costado hacer y más tarde aun del uso libre de sus templos para el culto; esta situación permaneció igual hasta 1991, año en que se revisó la constitución en sus artículos 3°, 5°, 27 y 130. Durante las conversaciones para la reforma constitucional de esos años, en las que me tocó participar, se pensó en que la Iglesia católica y las demás iglesias o comunidades religiosas podrían readquirir la jurisdicción sobre los bienes nacionalizados; sin embargo, después de maduras consideraciones, se prefirió que continuara la jurisdicción federal, excepto para los que se construyeran a partir de 1992. El hecho de que existen más de 17,000 templos católicos que son monumentos históricos (es decir, construidos entre 1519 y 1900) y las comunidades no tienen la capacidad de darles mantenimiento adecuado hizo que se optara por la permanencia del estado de la cuestión que venía desde 1917. Sin embargo, en la nueva redacción del artículo 27 y en la Ley de Asociaciones Religiosas de 1992 quedó asentado claramente que el uso de los edificios ha de ser exclusivamente religioso, pues la redacción de 1917 ponía a disposición del gobierno éstos para cualquier uso y así tenemos en el país varias iglesias hechas museos o bibliotecas y anexos que han sido cuarteles o se vendieron a particulares. Por ello también, los obispos y los párrocos tenemos personalidad jurídica no sólo dentro del Derecho Canónico sino en el Civil para representar a la comunidad diocesana o parroquial frente a las autoridades federales, estatales y municipales.

  Es fundamental, pues, que comprendamos que si el Estado mexicano tiene derechos sobre los templos y anexos, tiene también obligaciones y una de ellas es, lógicamente, su conservación y restauración, lo que realiza sólo en una mínima parte. En el caso de la basílica, terminada en 1912 y de las capillas, de anterior fecha, jamás el gobierno ha aportado algo. Por consiguiente, el exceso de trámites burocráticos, los obstáculos a la hora de que se desea ayudar y la negligencia e irresponsabilidad que conocemos al respecto, no tienen razón de ser. Igualmente, como miembros de la comunidad católica y ciudadanos, no deberíamos permitir que los funcionarios del gobierno, que están obligados como servidores públicos precisamente a servir a quienes los eligieron, hagan parecer como dádivas que tienen que suplicarse lo que les corresponde hacer a causa de su oficio.

  En el caso de la restauración de nuestros templos, somos quienes sin estar obligados hemos reunido fondos y queremos trabajar –comunidad, patronato, “hijos ausentes”-- los que deberíamos recibir agradecimiento del gobierno por ayudarle a cumplir sus obligaciones. 

 

Atentamente.

 Jala, Nayarit, el 18 de diciembre de 2011.