LIBERTAD RELIGIOSA EN MÉXICO

   El 15 de diciembre de 2010 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma al artículo 24 de la constitución que no es sólo tímida sino que se queda antes de la mitad del camino para coincidir con la conciencia acerca de la libertad religiosa en el ámbito mundial civilizado.

  No obstante, ante el envío del resultado a la Cámara de Senadores para su posible aprobación, se ha desencadenado una reacción digna de mejores causas. La organización llamada “La Luz del Mundo” ha realizado protestas, miembros de partidos políticos y editorialistas han expresado que temen un “retroceso histórico”, un “avance clerical” y casi el derrumbe del “Estado laico.” No han faltado quienes han expuesto que lo que los diputados han hecho tiene como único propósito tenderle una especie de alfombra roja al Papa Benedicto para cuando pise tierra mexicana en el aeropuerto del Bajío.

  He tratado de encontrar, en las palabras de cuatro editorialistas (Roberto Blancarte, Bernardo Barranco, José Woldenberg y Francisco Martín Moreno) argumentación de fondo y conocimiento del “estado de la cuestión” y he dado más bien con repetición de argumentos caducos y manifestación de estados afectivos. A Blancarte le preocupa lo que considera trato diferenciado hacia la Iglesia católica, como si la “igualdad” entre unas asociaciones religiosas y otras fuera posible establecerla de modo matemático. Barranco ha tejido todo un artículo en torno al binomio clericalismo-anticlericalismo bajo el signo del “poder”. Woldenberg ha hecho un repaso anodino de momentos históricos en las leyes mexicanas sin valorarlos y Martín Moreno ha repetido sus molestias personales y frases  trilladas del viejo anticlericalismo.

  Por consiguiente, fuí al Dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales presentó el 14 de diciembre a ver si encontraba algo más sólido. Me encontré con un buen trabajo: razones serias, comparación entre los documentos internacionales sobre derechos humanos y la legislación mexicana e incluso un avance importante en la delicada materia de la objeción de conciencia, punto fundamental para el respeto a lo más íntimo de las convicciones de la persona y garantía de que la ley no puede imponerse como un absoluto sino que su “soberanía” es relativa. Creo que esta absolutización de la ley y su imposición sobre las convicciones personales es la mayor falla del liberalismo teórico en su versión mexicana, detenida en la mitad del siglo XIX en la mente de bastantes juristas y formadores de opinión actuales.

  En el citado Dictamen también se pidió la derogación del párrafo sobre el permiso previo para la celebración de actos de culto fuera de los templos, resabio del artículo 11 del decreto emitido por el gobierno establecido en Veracruz en enero de 1860.

  Sin embargo, los elementos más sustanciales del Dictamen quedaron sin ser tomados en cuenta, pues continúa vigente el asunto del permiso para las manifestaciones religiosas callejeras y sobre todo la ilegalidad práctica de la objeción de conciencia, tema–es importante reconocerlo—poco estudiado en México e incluso desconocido como derecho inherente a la posesión de convicciones éticas y religiosas.

  Por lo anterior, coincido con el Doctor José Luis Soberanes, que calificó a la reforma aprobada por los diputados “la vacilada de la ‘libertad religiosa’” pero no creo que tengamos que quedarnos ahí: la nueva redacción abre espacios de aplicación que no se tenían en materia de educación, difusión y presencia pública que habrá que conocer, interpretar y practicar. Además, con paciencia y seriedad habrá que superar los prejuicios y anacronismos del tema para que nuestro país no esté entre los menos avanzados y sin verdaderos ciudadanos libres. Sé bien que en ámbitos universitarios se tienen muy claros los principios alrededor del tema, su “traducción” en leyes posibles y deseables y sus perfiles prácticos, constructores de auténtica convivencia pacífica. Pero también sé que en el conjunto de los mexicanos y en particular de los católicos no han arraigado, poco se comentan y menos se exige su vigencia.

  No es inútil ni elitista tratar de mantener viva la necesidad de avance en estas materias que ojalá estuvieran presentes en conversaciones y discusiones. Pero si seguimos enfrascados en polémicas de sabor rancio poco se podrá avanzar.

  Al escribir estos renglones me acordé de los años en que se pensó en las primeras reformas en esta materia que se hicieron en 1991 y 1992. Opiné entonces que el artículo 130 podría quitarse sin afectar el fondo del asunto de la libertad religiosa pues sólo era el 123 de la constitución de 1857 sobre la supremacía del “poder civil” sobre el “poder eclesiástico” y que para quedar al día bastaría introducir los elementos centrales del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la frase: “no se hará discriminación ni privilegio por motivos filosóficos o religiosos.”

  Todavía pienso así.