CONSIDERACIONES SOBRE MÉXICO Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Artículo publicado en la Revista El Federalista

  1.- Complejidades del largo siglo XIX mexicano.

  Mientras escribo estas líneas corren los días previos a la conmemoración bicentenaria de la “Constitución política de la Monarquía española” promulgada con solemnidad religiosa y cívica en el puerto de Cádiz, sede de las Cortes o Congreso Constituyente, el 19 de marzo de 1812 y a partir de esa fecha jurada en las ciudades, villas y pueblos del todavía vasto Imperio español.

  Tiempo oportuno es éste, me parece, para hacer algunas consideraciones que, más que celebrativas, pretenden ser reflexivas:

  La primera de ellas se asoma a algunas polaridades y líneas de interpretación que, a pesar de las múltiples ocasiones en que se han repetido y que les han dado carácter casi dogmático, merecen ser sometidas a prueba a fin de que su manejo como rígida interpretación política dé lugar a un acercamiento más histórico y, por consiguiente, más fecundo para la necesidad actual de seguirnos comprendiendo como nación, para seguir pronunciando el nosotros como mexicanos.

  Las polaridades a las que haré referencia ocupan todavía el espacio de difusión escolar y popular de la historia mexicana en el período sobre todo de 1808 a 1857 y afectan la dinámica de discursos parlamentarios y políticos y, un tanto inconscientemente, la persistencia de polarizaciones académicas y ciudadanas así como decisiones legislativas.

  En esos años se dio el movimiento de independencia con sus etapas y complejidades, los vaivenes de la historia europea cuyo eje fue sin duda la realidad multifacética en torno a Napoleón Bonaparte, la consolidación de Estados Unidos como potencia “americana”, la crisis y fracaso de la voluntad bolivariana de unidad hispanoamericana y el desvanecimiento en México naciente de una nación unida y fuerte bajo el manto de las “tres garantías” de Iguala. Esos elementos y otros más, le dan a esta época –y desde luego al mensaje de Cádiz—una complejidad peculiar que no es tomada en cuenta cuando desde la lejanía de las polaridades se mira, interpreta y se llega a emitir juicios.

   2.- España y América, destinos compartidos.

  La primera polaridad que hay que atender es la que dibuja los años de las independencias hispanoamericanas como un enfrentamiento irreductible entre España como entidad rígida, absolutista y colonialista y los países de América con ánimo abierto, republicano y democrático.

  Ese retrato pasa de largo que el proceso de emancipación en Hispanoamérica corrió paralelo un buen número de años del que aconteció en España –con “revolución contrarrevolucionaria” incluida—frente a Napoleón y sus intenciones hegemónicas. De Nueva España y del Perú se trasladaron voluntarios a reforzar las filas que rechazaron la invasión francesa y ante el levantamiento de Hidalgo no sólo hubo desconcierto por su proclama de legitimidad de Fernando VII impedido en Bayona, sino que el enfrentamiento militar a su insurrección no fue tan eficaz a causa de que armas fabricadas en México se trasportaron a la península para esa otra guerra de independencia.

  Simón Bolívar, en el elevado discurso pronunciado en San Tomé de Angostura (hoy Ciudad Bolívar, Venezuela) el 19 de febrero de 1819 al abrir el Segundo Congreso Constituyente, expresó con claridad: “[…] No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos por derechos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores [españoles]. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado.”[1]

  Las guerras de independencia tuvieron mucho de guerra civil. De ahí las crueldades cometidas y la dificultad para concertar acuerdos políticos y distinguir, desde la distancia histórica, diferencias ideológicas de fondo. Intereses trascontinentales apostaron por el retorno al absolutismo al regresar Fernando VII del destierro y puentes trasatlánticos estaban tendidos para darle contenido a un liberalismo al que podemos correctamente titular hispánico. Sin embargo, la inclusión de los indios y las castas en una “ciudadanía” igualitaria al menos de nombre, no fue la bandera de la mayoría en Cádiz, a pesar del razonamiento bien cortado de Miguel Ramos Arizpe. Su voz expuso en las Cortes: […los de] Guatemala y Nueva Galicia…Zacatecas…Coahuila y…San Luis Potosí, cuyas instrucciones vi al pasar por su capital, quieren que se borren y proscriban para siempre de nuestros códigos y aun de nuestros papeles públicos, los odiosos nombres de gachupín, criollo, indio, mulato, coyote, etc.; que en todos reine la fraternidad más íntima; que todos sean hombres buenos y capaces por la ley de todo derecho, ya que reportan toda carga sin más diferencia que la que induce la virtud y el merecimiento.”[2] Esa posición, auténticamente liberal, quedó en la sombra.

  Por consiguiente, es importante considerar la totalidad hispánica a fin de no seguir con la dinámica del enfrentamiento de dos mundos distintos cuando no lo eran en realidad.

  Tanto la revolución francesa como la invasión napoleónica plantearon en ambos hemisferios preguntas cruciales acerca de quiénes eran la nación, es decir, la pregunta sobre el nosotros, que hasta entonces se había respondido más bien a nivel local y cercano: la corporación, la comunidad indígena, la parroquia o incluso la familia ampliada, una especie de clan. Se plantearon sin ser esperadas, preguntas modernas, que en el fondo apuntaban a la pervivencia o la mutación en el imaginario político, es decir, en los elementos de la pólis, de la convivencia civilizada: “[…] ¿La nación está formada por comunidades políticas antiguas, con sus estamentos y cuerpos privilegiados, o por individuos iguales? ¿Es un producto de la historia o el resultado de una asociación voluntaria? [Teorías del derecho natural o del pacto de común acuerdo] ¿Está ya constituida o queda por constituir? ¿Reside en ella la soberanía? ¿De qué tipo de soberanía se trata?”[3]

  Las Cortes de Cádiz, en su entendible afán de legislar para el futuro, forzaron buen número de situaciones que, bien escritas en los textos legales no correspondían a la cotidianidad y al arraigo de las costumbres. Por consiguiente, no consiguieron el ideal de unidad del Imperio español y la “ciudadanía” de sus miembros, relevante por las cualidades individuales y no tanto por su afiliación étnica o corporativa. Don Lucas Alamán, a poco más de tres décadas de la promulgación de la constitución gaditana reflexionó alrededor del concepto básico de igualdad y el de los derechos y deberes, comprensibles con facilidad en la teoría, pero con obstáculos en la práctica: “[…] si las obligaciones eran comunes para todos, no por esto lo eran los derechos, pues sólo gozaban los de ciudadano ‘aquellos españoles que por ambas líneas trajesen su origen de los dominios españoles de ambos hemisferios,’ (art. 18) [es decir, peninsulares y criollos]…Era esta distinción injusta y lo que es todavía peor, impracticable. No hay distinción más ofensiva en la sociedad que la que nace del origen de las personas y la prevención que había contra los mulatos…era tan perjudicial a la moral, como que haciendo que se tuviese por afrentosa toda alianza con ellos, multiplicaba por ello mismo las relaciones prohibidas.”[4]   

  Y si ese era el principal escollo humano, de raíces injustas y línea futura incierta, la constitución ponía también a prueba el modo de gobernar las provincias de Ultramar, desde antiguo puestas bajo la figura del Virreinato con sus audiencias y las capitanías generales flexibles para los asuntos militares y, antes de finalizar el siglo XVIII, con la nueva figura administrativa de las Intendencias. El cambio en el estatuto jurídico de las regiones remotas causó dificultades. Escribió Alamán: “[…] La idea de gobernar las más remotas provincias de América y Asia como las de la Mancha y Castilla la Vieja, entendiéndose los jefes políticos directamente con el ministro de gobernación de Ultramar…era demasiado impracticable…Aunque era bien claro que por provincias se debían entender lo mismo que en España, las intendencias, mientras no se hiciese la nueva división del territorio anunciada en la constitución…se formaron en América provincias de inmensa extensión…En la instrucción para el gobierno económico político de las provincias, se distinguieron los jefes políticos en superiores y subalternos y el virrey, en la clase de los primeros, siguió gobernando todas las provincias así aglomeradas y por el mismo decreto se le delegó el ejercicio de las facultades del real patronato, volviendo así a componer a [base de] piezas una autoridad como la que antes existía, sin las limitaciones y restricciones que tenía, y como nada es peor en las leyes que lo indefinido, tomándose parte de las antiguas y parte de las nuevas, sin sujeción exacta ni a unas ni [a] otras, cuando se había querido atar las manos al despotismo, no se hizo más que abrirle más ancha y libre carrera.”[5]

  Esta indefinición, la burocracia consiguiente y la acumulación de agravios que venían de atrás al que se le agregó la negativa a la igualdad de oportunidades ciudadanas para las castas, favoreció en realidad más la idea de separación que la de unión, pero de manera más compleja que la simple confrontación entre dos mundos geográfica, política e ideológicamente distantes.[6]

    3.- Lo religioso y lo cívico en la vida política concreta.

  Otra polaridad que nubla el acercamiento a la carta magna de Cádiz es la visión que parte, sin el conveniente instrumental cronológico y analítico, del concepto de separación entre la Iglesia y el Estado, entre lo religioso y lo cívico y la insistencia, a la hora de mencionar del artículo 12° gaditano o del 3° en la constitución federal mexicana de 1824 en la intolerancia frente a la tolerancia.[7]

  Un análisis más cuidadoso del texto y contexto de esas constituciones nos lleva, sin soslayar el asunto de la intolerancia, a tener en cuenta más el de la Nación, concepto que tuvo que pasar por la prueba de la historia para poder considerarse una realidad y no solamente una idea  o una “comunidad imaginaria.”[8]

  Las instituciones eclesiales comunitarias no eran imaginarias y en el caso de las células más pequeñas y concretas, las parroquias, ejercían una capacidad de convocatoria, de cohesión e inicio y continuación de procesos generalmente eficaz. Por eso el mejor medio de hacer llegar a comarcas lejanas las nuevas políticas eran las parroquias. En las décadas finales del siglo XVIII, durante los últimos años del dominio español y los primeros después de la independencia, aumentó el número de las comunicaciones de esta índole que tuvieron en los párrocos sus pregoneros. Fue en las comunidades parroquiales donde se hicieron las elecciones para los diputados que viajaron a las Cortes gaditanas, donde se ejecutaron algunas de las provisiones de la constitución una vez promulgada y se realizaron las elecciones para las diputaciones provinciales, acatando el mandato constitucional.

  Algo menos notorio pero de mayor profundidad en esta época fue el mimetismo entre el lenguaje religioso y el político en documentos oficiales, sermones y discursos que, en el caso mexicano, trascendieron los acontecimientos de la independencia. En 1823, ya consumada ésta, por ejemplo, los restos mortales de Miguel Hidalgo, Allende, Abasolo y demás insurgentes del primer levantamiento fueron llevados a la catedral metropolitana de México. El sermón que pronunció el diputado y canónigo de Michoacán Francisco Argandar ese día, sustentó la heroicidad de los próceres en textos bíblicos tomados sobre todo de la lucha de los Macabeos por la libertad de Israel.[9]

  En la revisión somera de un archivo parroquial encontramos reflejos de las vicisitudes políticas y de esta retórica celebrativa cívicorreligiosa:

   Con cierta tardanza, pasado el paréntesis absolutista, en 1820 se pidió la ejecución de la orden de las Cortes de Cádiz de celebrar con solemnidad cívica y religiosa a los caídos en la defensa de Madrid ante la invasión de Bonaparte. En la parroquia de Jala –y en todas las de Nueva España-- se recibieron las reales órdenes ejecutivas en cumplimiento de lo dispuesto por la constitución a través de los obispos, en este caso el de Guadalajara: […] Enternecido mi sensible corazón por el doloroso recuerdo de las desgraciadas víctimas que fueron inmoladas en esta corte el 2 de mayo de 1808 y decidido a tributarles el justo homenaje de respeto y veneración que decretaron las Cortes generales y extraordinarias de la nación…[por tanto] cuanto las circunstancias de cada pueblo pudieren proporcionar para la mayor pompa de esta función tan patriótica como religiosa…Las Cortes, queriendo perpetuar por todos los medios posibles la gloriosa aunque triste memoria del dos de mayo, en cuyo día sellaron con su sangre los primeros mártires de la patria su generoso y heroico amor a la libertad e independencia de la nación.”[10]

  En las líneas anteriores está claro el intercambio del lenguaje religioso con el político: la gloriosa pero triste memoria, la sangre de los primeros mártires de la patria, el generoso y heroico amor, a la libertad e independencia de la nación.

  Si se prescinde de estos elementos de arraigo, será difícil dar con el espíritu gaditano, a la vez tradicional y novedoso. En el documento citado aquí, a pesar del vocabulario personalista del rey –“enternecido mi sensible corazón”—está claro que sólo posee el poder ejecutivo, pues han sido las Cortes, el poder legislativo, las que han dictado la disposición y la Nación, esa entidad imaginada pero depositaria de la soberanía, es a la vez fuente y receptora de lo mandado. La constitución de Cádiz establecía tajantemente: “Art. 2.- La Nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Art. 3.- La soberanía reside esencialmente en la Nación…Art. 15.- La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. Art. 16.- La potestad de ejecutar las leyes reside en el Rey.”

  Algo que conviene notar también es que el adjetivo romana, aplicada a la religión de la Nación, explícitamente escrito en el articulado de Cádiz y de la constitución mexicana de 1824, conducía a la necesidad de abrir y mantener abierta la relación con Roma para los asuntos eclesiales, es decir, establecer un canal de comunicación con la Santa Sede y  concordar en esos asuntos en un plano moderno, de negociación, de establecimiento de concordatos y no de la continuidad del patronato estatal sobre la Iglesia, anticuado privilegio que habían recibido, en circunstancias muy diferentes, los monarcas españoles y portugueses. El olvido de este punto fundamental trajo, sobre todo en México, infinidad de problemas, incomprensiones y decisiones autoritarias que agobiaron al pueblo.[11]

 

4.- Democracia, Nación, soberanía.

  Una tercera polaridad, la que enfrenta a República con Monarquía, merece también ser revisada no sólo en relación con el paso en México de la vigencia del texto de Cádiz al federal de 1824, sino dentro de un arco temporal de mayor amplitud e íntimamente relacionada con el concepto dinámico de soberanía.

  Mientras que en el caso de Bolívar, el modelo republicano quedó esbozado como el ideal prácticamente desde el principio, en México no fue así, pues la constitución de Apatzingán de 1814 propuso, más que un régimen presidencialista uno corporativo. Por consiguiente, no sólo en referencia a la consumación de la independencia y a los primeros años de ésta, el péndulo osciló entre república y monarquía, sino que ésta permaneció mucho más tiempo en el imaginario mexicano. El Doctor O’Gorman reflexionó en 1967, al conmemorarse la instauración definitiva del modelo republicano cien años antes: “[…] el más elemental conocimiento del subsuelo ideológico de la revolución de la Nueva España revela que desde sus albores hubo vacilaciones, oscilaciones y pugnas en torno, primero, al grado de independencia que se pretendía, si relativa o absoluta, y segundo, decidido el punto en favor de ésta por la obcecación de la metrópoli, acerca de la forma en que debía de constituirse la nueva nación…El inmenso prestigio de la legitimidad del trono y el enorme peso de las tradiciones coloniales, se hallaron en pugna con la simpatía hacia las modernas tendencias democráticas y la fe en su excelencia como programa de mejores promesas para el futuro…”[12]

  La democracia como modelo vital moderno –representativa y no como la democracia ateniense, citadina, discriminatoria y cercana—no exigía, pues, la estructura republicana. La soberanía popular y la configuración de la realidad de una nación bien podían compaginarse con la monarquía, siempre y cuando ésta, como lo expresó el texto gaditano fuese “moderada”.[13]

  Quizá uno de los elementos más notorios de la psicología de los mexicanos del siglo XIX e incluso de buena parte del XX, el apego a figuras paternales y de caudillos, de entre las cuales la más destacada sin duda es la de Porfirio Díaz, provenga de esa nostalgia no explicitada de la ausencia del monarca. La decapitación de Luis XVI en Francia marcó un trauma duradero en Occidente. No es imposible que también explique buena parte de las divisiones y contrastes entre los mexicanos lúcidos del siglo XIX, conocidos como conservadores o liberales, que vistos a la distancia de más de siglo y medio no parecen tan distintos unos de otros.[14]

 

  5.- El legado de Cádiz.

  Según lo que hemos analizado, de la amalgama de ideas y decisiones que resultó de las Cortes de Cádiz, quedó como legado la división de poderes y un estilo peculiar de democracia y liberalismo que podemos adjetivar como hispánico.

  De muy atrás, atravesó la historia virreinal la tradición de los ayuntamientos castellanos con sus cabildos cerrados y abiertos. La constitución de 1812 conservó el fondo de esa institución participativa pero le dio una nueva forma más dinámica: “[…] En lugar de los antiguos ayuntamientos que quedaron suprimidos y que se componían de regidores perpetuos, cuyos oficios eran vendibles y renunciables, con alcaldes y cierto número de regidores nombrados por los mismos ayuntamientos, se establecieron por el título 6° que trata ‘del gobierno interior de las provincias y pueblos’, ayuntamientos de elección popular, eligiendo los vecinos de cada lugar anualmente electores que nombraban los individuos de la municipalidad, los cuales se renovaban cada año por mitad. Los ayuntamientos debían tener a su cargo toda la policía interior de los pueblos, cuidar de las rentas municipales, de la instrucción pública, establecimientos de beneficencia y obras de comodidad y ornato y habían de establecerse en todos los pueblos que no los tenían y en que por su población podían formarse.”[15]

  La reflexión sobre ese legado y sus pormenores ayuda a superar algo que se ha repetido demasiado: que la democracia mexicana tuvo origen en las fuentes inspiradoras del modelo francés revolucionario y del estadounidense. Algo aportaron, desde luego, pero la herencia hispánica es sin duda la mayor.

  La renovación del estilo de los ayuntamientos se aunó al establecimiento de las Diputaciones provinciales, órganos formados por miembros elegidos con excepción del Intendente, “[…] nombrado por el rey, en [quienes] residía el gobierno político…[y] descansaba todo el gobierno económico de las provincias.”[16] Sus sesiones trataron toda clase de asuntos locales y regionales y constituyeron la base del federalismo mexicano, todavía por algunos atribuida a la calca del sistema federal de Estados Unidos. En realidad –y ese fue el pensamiento rector en el congreso constituyente de 1811 y 1812 en España— estos órganos de consulta, discusión y decisión fueron una reacción ante el apabullante centralismo napoleónico según el cual París habría de ser la “capital” de Europa y quizá del mundo.[17]

  La transición, a través de los postulados de Cádiz puestos en acción, de las divisiones territoriales y administrativas de la última Nueva España a la federación mexicana, pues, fue natural aunque, desde luego, no exenta de escollos y debilidades que trajeron consecuencias muchas veces dolorosas. Los estados de la federación con sus legislaturas, tuvieron como antecedente directo a las provincias creadas por las Cortes. El libro que se ha convertido en clásico de Nettie Lee Benson, La diputación provincial y el federalismo mexicano,[18] concluye con estas palabras que hacemos nuestras: “[…] Con la instalación de las legislaturas locales, las diputaciones provinciales entregaron sus archivos a aquéllas, sus sucesoras, y así terminaron su existencia…los variados problemas y recursos de los estados habían sido llevados al primer plano de la atención pública; como miembros de las diputaciones provinciales, muchos hombres habían sido entrenados para entender y dirigir los asuntos del estado; el pueblo había comprendido las ventajas de la ciudadanía a través de las numerosas elecciones celebradas anualmente en las parroquias para nombrar diputados a diversos puestos…Pero lo más importante es que, al convertirse en estados, las provincias mexicanas habían conservado su deseo y voluntad de luchar por un gobierno nacional unificado, antes bien que convertirse cada una en una pequeña nación, como ocurrió con las Provincias Unidas de América Central.”[19]

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  Más que destinadas a una celebración festiva, estas páginas lo son a una conmemoración reflexiva. Don Edmundo O’Gorman dijo con razón: “[…] ¡Qué júbilo y qué descanso!, si en la prensa, el radio, la televisión y el cine; en la escuela y en los gabinetes oficiales; en las celebraciones patrias y en los recordatorios de aniversarios, se dejara escuchar el idioma conciliador de una conciencia histórica en paz consigo misma, o si se prefiere, de la convicción madura y generosa de que la patria es lo que es por lo que ha sido y que si, tal como ella es, no es indigna de nuestro amor, ese amor tiene que incluir de alguna manera la suma total de nuestro pasado.”[20]

Jala, Nayarit, 12 de marzo de 2012.


 

[1] Proclamas y discursos del Libertador, ed. Vicente Lecuna, Caracas 1939, p. 205. (Citado por: John Lynch, Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Ariel, Barcelona (10) 2007, p. 30.) Magistral acercamiento al discurso: John Lynch, Simón Bolívar. A Life, Yale University Press, New Haven/ London 2007, pp. 119-122 (The Angostura Adress).

[2] Discurso pronunciado por el Doctor Miguel Ramos Arizpe en la sesión del 5 de septiembre de 1811 para impugnar el artículo 22 de la Constitución, en: Discursos, memorias e informes, (Nota biobibliográfica y acotaciones de Vito Alessio Robles), UNAM (2) 1994, p. 3.

[3] Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, FCE, México (3) 2001, p. 133.

[4] Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente,  tomo III, Imprenta de J.M. Lara, México 1850, pp. 118s. (Ed. facsimilar: Instituto Cultural Helénico/ FCE, México 1985.)

[5] Id., pp. 128s.

[6] Acerca de los “agravios” de los novohispanos puede verse mi artículo: La independencia y el alma de un pueblo, Christus LXXVII/ 779 (julio-agosto 2010), pp. 25-31. (La versión electrónica se encuentra en mi página electrónica: www.olimon.org).

[7] Dice el art. 12° de Cádiz: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” Y el 3° de la mexicana de 1824: “La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la proteje por leyes sabias y justas. Y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra.” (Las diferencias están señaladas en cursivas).

[8] Sobre “comunidad imaginaria”: Benedict Anderson, Imagined communities, Verso, New York/London 1991. También: Tomás Pérez-Vejo, La construcción de las naciones como problema historiográfico, Historia Mexicana 210 (2003), pp. 275-311.El proceso de interacción en el siglo XIX entre Nación y tolerancia religiosa lo estudié en: Entre el “sí” y el “no.” La libertad de cultos en la primera época del México independiente, en: Gobierno del estado de Tlaxcala/ UIA et alii, Del mundo hispánico a la consolidación de las naciones, Tlaxcala/México 2010, pp. 447-460. (Un error tipográfico liberó el texto de las notas al pie de página. En mi página electrónica se encuentra con ellas).

[9] Véase mi artículo, Héroes bíblicos y héroes de la patria mexicana. Un sermón patriótico de 1823, en: Daniel Landgrave (ed.) Palabra no encadenada y pro-vocativa, Universidad Pontificia de México, México 2005, pp. 47-72. Un estudio fundamental sobre la retórica entre 1760 y 1834 es: Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico. México 1760-1834, El Colegio de Michoacán/ El Colegio de México, Zamora/México 2003.

[10] Libro de govierno del Curato de Xala, comenzado por el Presbytero Dn. Juan José Velázquez, Cura Ynterino del mismo, en diez y seis de Septiembre de Mil ochocientos diez y seis. (Libro foliado empastado en piel con texto manuscrito de diferentes amanuenses). (Respeté la ortografía original), 24 de abril de 1820, ff. 16r. (Más adelante, en un documento firmado por el Virrey Conde de Venadito se dan las disposiciones para formar las Milicias provinciales prescritas también por las Cortes gaditanas).

[11] La exposición de ideas lúcidas aunque un tanto extrañas sobre la relación moderna entre la Santa Sede y las naciones independientes de Hispanoamérica la hizo el abate Dominique de Pradt en un documento dirigido al Congreso mexicano en 1826: Concordato de la América con Roma, F. Rosa, París 1827. La comprensión del tema del patronato tiene un texto clásico: Antonio de Egaña, La teoría del regio vicariato en Indias, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1958. Puede verse también el capítulo III (Protohistoria del liberalismo mexicano en materia eclesiástica) de mi libro: El incipiente liberalismo de Estado en México, Porrúa, México 2009, pp. 109-152. Igualmente mi artículo: La Iglesia católica y la emancipación mexicana e hispanoamericana, 20/10 Memoria de las revoluciones en México, 1 (julio-agosto 2008), pp. 77-92. Un estudio europeo que ilumina el caso hispanoamericano: Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et les cultes. Les religions en Europe a l’aube du XIXe siècle, 1800-1815, Fayard, Paris 2002.

[12] La supervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el monarquismo mexicano, en: Historia y palabra en O’Gorman, Centro de estudios de historia de México Condumex, México 2006, p. 31. (La primera versión impresa fue de 1969). Son fundamentales, el estudio de la Doctora Guadalupe Jiménez Codinach: México en 1821. Dominique de Pradt y el Plan de Iguala, UIA/ El Caballito, México 1982 y su edición de: Planes en la nación mexicana, vol. I: 1808-1830, El Colegio de México/ Senado de la República, México 1987.

[13] Art. 14.

[14] Es de interés el texto de O’Gorman, México. El trauma de su historia, CONACULTA/ UNAM, México reimpr. 2002. Véase: Blanca Estela García Gutiérrez, La propuesta de Estado-nación de los conservadores en México: 1840-1855. Una comunidad imaginaria, (tesis de doctorado en historia), UIA, México 2006.

[15] Lucas Alamán, Historia, III, p. 109.

[16] Id., p. 110.

[17] La temática de las influencias francesas y estadounidenses está tratada magistralmente por Roberto Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808-1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico, El Colegio de México, México 2006. (Capítulos IV y V: El contexto ideológico e intelectual, I y II, pp. 175-358.) Acerca del “bonapartismo autoritario” y el “cesarismo democrático” es fundamental: Frederic Bluche, El bonapartismo, FCE, México 1984. (Edición original: Le bonapartisme, Presses Universitaires de France, Paris 1981).

[18] El Colegio de México/ UNAM, México (2)1994. (La edición original: The Provintial Deputation in Mexico, University of Texas, Austin 1955). Un programa conjunto de El Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, el Instituto Mora y otros centros de estudio titulado “Proyecto Actas de las Diputaciones de México y Nueva España”, ha estado publicando, con transcripción, introducciones y notas esas valiosas fuentes. P.e, México. Actas de sesiones 1821-1823 (2 tomos), México 2007. Nueva Galicia. Actas de sesiones 1820-1822, Instituto Mora/ Universidad de Guadalajara, México 2004.

[19] La diputación, pp. 228s.

[20] Del amor del historiador a su patria, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, México 1974, pp. 23s.