LOS ARCHIVOS DE LOS CABILDOS ECLESIÁSTICO:

FUENTE PRIMORDIAL PARA LA HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA

 

Manuel Olimón Nolasco.

Doctor en historia.

 

Participación en la mesa redonda “Fuentes para la historia y los archivos notariales en el proceso de independencia”.

Guanajuato, 2 de septiembre de 2010

  Si algunos están convencidos de la verdad de lo que voy a decir en las siguientes seis líneas son los notarios, quienes han convocado a esta singular reunión: un archivo no es un depósito de papeles. Ni un acervo de inutilidades. Un archivo contiene el pulso de la vida en sociedad y la vibración de sus gentes. Es testimonio de la trama multilateral de las relaciones humanas en tiempos y lugares concretos. La garantía para la posteridad de  los retos de la historia, de la confrontación de opiniones y de que se ha apuntado a través del diálogo hacia lo que se ha creído mejor aunque no siempre con suficiente luz.

  Y si cuando la vida se desarrolla en tiempos de paz los archivos sólo guardan huellas de ritmos leves, cuando la conflictividad se hace nudo y los senderos humanos se tornan ásperos y convulsos, los ritmos son agudos y altisonantes y dejan marcas que casi parecen hechas con sangre.

  De esa manera, los archivos de los cabildos eclesiásticos de las Iglesias locales en los años finales de la Nueva España, sobre todo los de la arquidiócesis de México y de las diócesis de Michoacán, Puebla de los Ángeles y Guadalajara, rebosan en materiales que  presentan la complejidad y falta de tersura de pensamientos, confrontaciones y hechos variados en momentos convulsos de la vida de un pueblo.

  Los cabildos de referencia, “senado” de los obispos y cuerpo de gobierno en las a veces largas sedes vacantes, estaban constituidos por eclesiásticos que después de culminar una carrera académica ordinariamente con el grado de doctor en teología o cánones y superar concursos de oposición, obtenían un sitial o “canonjía”. Desde ese lugar, además de ejercer una función colegial en las celebraciones litúrgicas, observaban el curso de ciertas áreas de actividad humana tanto de los miembros del clero como de la sociedad en general desde el punto de vista de lo que podemos llamar “la moral pública”, que en el Antiguo Régimen era encomienda de los obispos.

  Tomando en cuenta lo anterior, la consulta de los archivos a fin de conocer el desarrollo de los asuntos tratados en las reuniones del cabildo, muchas de ellas con decisiones definitorias y “fe pública” al modo de escribanía o notaría, viene a ser fundamental no sólo para el conocimiento de la estructuración y funcionamiento interno de una Iglesia diocesana, sino para darse cuenta de la manera como se afrontaron acontecimientos externos e incluso “calamidades” públicas: inundaciones, terremotos, “pestes”, motines populares.

  El pulso, pues, del movimiento de independencia, los ecos de lo que sucedía en España a propósito de la invasión napoleónica y la actuación dentro de estos sucesos sobre todo de clérigos y religiosos, “calamidades públicas” sin duda alguna, puede seguirse en esa fascinante y nada lúgubre “plática con los muertos” vivos en papel y tinta, que constituye la consulta de los archivos y que es la ocupación de los historiadores.

  En esta privilegiada ocasión voy a ceñirme a la consulta que realicé hace poco más de un año en el archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México a fin de encontrar indicios que sacaran a la luz el “pleito” entre José María Cos, sacerdote de la diócesis de Guadalajara, avezado polemista y convencido insurgente y la propia corporación a propósito de las facultades para celebrar los sacramentos y administrarlos a los fieles que se encontraban “de facto” bajo la jurisdicción de los rebeldes por habitar dentro de territorios ocupados por ellos o formar parte de las huestes insurgentes.[1]

  La lectura de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del cabildo brindó el marco para situar el contencioso, que tuvo lugar en 1812 y 1813, desde fechas anteriores: las de la agitación de 1808 y los acontecimientos en la península a causa de la presencia francesa, la desvertebración del régimen y la aparición de la posibilidad de darle fuerza a las autonomías regionales. Riesgos e incertidumbres aparecen marcados en las palabras escritas y, al mismo tiempo que se advierte la importancia de insistir en los púlpitos y por medio de exhortaciones escritas en la fidelidad al rey y a la monarquía borbónica, así como en estar atentos al posible surgimiento de disidencias políticas entre los clérigos y religiosos, se le da al asunto un sesgo ascendente, subrayando el significado religioso de la guerra de independencia en España, retratando a las autoridades españolas y de modo muy especial al “piadoso rey Fernando” como paladines de la religión y a los galos y su revolución jacobina como “turbas diabólicas que profanan el Altar y el Trono.”

  La reacción frente al levantamiento del cura de Dolores dio lugar a un decreto de excomunión que ha sido ya muy discutido en cuanto a su contenido literal y a su significado y valor, pero en reuniones menos tormentosas de los miembros del cabildo se estudiaron casos de envergadura menor, “infidencias” y faltas de disciplina para las que se trató de imponer remedios.

  El caso de Cos fue tocado en la sesión del cabildo del 2 de julio de 1812 a propósito de un “”Edicto” que él había emitido dos días antes en el que se anunciaba su nombramiento de parte de la Junta Gubernativa de Zitácuaro, considerada legítima por la ausencia y cautividad de Fernando VII como Vicario General Castrense, es decir, que de acuerdo a la legislación española concordada con la Santa Sede, él era un individuo capaz de actuar a la manera de obispo (con facultades jurisdiccionales ordinarias y no delegadas) en cuanto al ejército y los fieles insurgentes. En el edicto aludía a la documentación pontificia que autorizaba ese cargo y –aquí se encontraba el núcleo de su argumentación y a la vez su condición temeraria—al uso del recurso de la “epiqueya”, o sea de la simulación de consulta al Papa y a la actuación consiguiente como si ésta hubiera resultado positiva en cuanto a la concesión de la jurisdicción. Don José María Cos argumentaba que el recurso a Roma había sido imposible a causa de la guerra, pero que si el camino hubiese estado expedito no habría duda de que tendría las facultades recibidas del pontífice incluso por escrito. El argumento de la epiqueya era perfectamente legítimo cuando se encontraban de por medio razones de importancia entre las que destacaba la salus animarum, es decir, la salud espiritual de las comunidades. Y aunque en la etapa borbónica pocos se atrevían a usarlo a causa de la acusación que había sido sostenida contra los jesuitas de que se equiparaba al relativismo o probabilismo moral, personas de formación intelectual tan fina como el cura insurgente tenían los instrumentos para su aplicación más o menos correcta.

  El cabildo metropolitano en su desautorización, que además de quedar asentada en las actas se publicó en el “Diario de México”  del 12 de julio del año citado, utilizó términos parecidos –ampulosos y “de cajón” --a los que había usado contra el párroco de Nopala, José Manuel Correa: “[…] por los escandalosísimos crímenes de traición al rey y a la patria e insubordinación a la potestad eclesiástica…”[2] No obstante, el tenor del edicto contra Cos, además, descalificó, sin mencionar el recurso a la epiqueya, asunto demasiado espinoso, las facultades extraordinarias que supuestamente había usado en relación con los fieles en la insurgencia. Decían los canónigos: “[…] procedió a remover a varios curas de sus respectivas parroquias, a prender y confinar a presidio a algunos eclesiásticos y a conceder dispensas matrimoniales…” Y concluían: […Los actos de jurisdicción ejercidos son] nulos y atentatorios, sujetos a revalidación de los matrimonios hechos por los curas intrusos e incursos en las censuras y excomuniones fulminadas por el derecho canónico el mismo doctor Cos y todos los eclesiásticos que hubiesen ejercido cualquier acto de jurisdicción que no hubiese emanado del cabildo.” Como apéndice anunciaban la prohibición de leer el periódico “El Ilustrador Nacional” editado por Don José María y del cual era uno de los principales escritores.[3] En esta publicación se había difundido el documento sobre el vicariato castrense y, desde la óptica realista, en ese “periódico vil” se habían impreso insultos dirigidos a la persona del rey y al “probo y religioso” virrey Venegas.

  En el archivo sobre la insurgencia que se encuentra en el Centro de Estudios de Historia de México CARSO donde también existe una copia microfilmada consultable del archivo del Cabildo Metropolitano, pude leer un manuscrito donde se da una vehemente y muy bien elaborada respuesta a la condena de los canónigos de México que actuaban además como autoridad colegiada en la sede vacante del Arzobispo Lizana, fallecido hacía muy poco. El Padre Cos no repitió en ese texto la argumentación de su primer escrito en el que hablaba de la legitimidad de sus facultades eclesiásticas especiales. Aludió sobre todo al desprestigio que la autoridad eclesiástica adquiría al mezclar asuntos de índole eclesial con partidismos políticos y al ponerse de un lado del conflicto existiendo en los dos fieles católicos. Recordaba: “[…] los tribunales eclesiásticos deben contenerse dentro de los límites de su inspección sagrada y no entrometer sus armas espirituales en asuntos temporales que están ventilándose entre dos partidos opuestos, exponiendo sus censuras a la mofa y desprecio del pueblo. [Este] solo motivo es suficiente, en sentir de los teólogos y canonistas, para que los jueces eclesiásticos se abstengan de imponerlas, aun en el caso de haber delitos calificados sobre [los] que recaigan.”[4]

  La agudeza del vicario insurgente, al citar la autoridad de “teólogos y canonistas” de renombre –y de hecho podemos rastrear por otros de sus escritos a cuáles se refiere y cómo le ayudaron a la estructuración de su pensamiento-- lo lleva, en la práctica, a proponer una controversia jurídicoteológica con los autores del escrito del cabildo y en concreto con el fiscal de éste, quien había firmado el decreto, algo impensable en el momento y circunstancias. Igualmente “se cura en salud” al observar la conveniencia de no aplicar censuras “aun en el caso de haber delitos calificados sobre los que recaigan.”

  Llamó la atención a los canónigos de la capital del virreinato acerca de que, si hubieran tenido el cuidado de revisar sus propias facultades, sabrían que, al pertenecer él al clero de Guadalajara, sólo el obispo de esa sede podría haberlo llamado a cuentas y eso después de cubrir las formalidades ocurrentes. Acerca de Don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, prelado tapatío entonces, dice: “[…] Mi diocesano, el de Guadalajara, es demasiadamente circunspecto para violentarse en asuntos serios sin todas las formalidades previas que se requieren, y es otra cuestión que debió resolver el promotor [de justicia] de México.”[5]

  La respuesta al cabildo, sin embargo, nos conduce a un nivel de mayor altura que el cumplimiento de normas jurídicas. Se eleva a consideraciones de justicia, la razón superior del derecho. Ciertamente no puede negar su autor que desde las filas insurgentes se han cometido excesos en contra de clérigos y religiosos pero los cometidos por los realistas han sido de mayor envergadura y, sobre todo, la justicia en su dimensión más auténtica no está del lado de los que se aferran a las autoridades españolas sino del lado de los “americanos”: “[…] El venerable cabildo…se equivoca torpemente en creer que yo he dictado órdenes y providencias contra los eclesiásticos, mandándolos aprisionar públicamente y conducirlos con estrépito e ignominia a las cárceles, presidios y arrestos. Una de las causas que más nos recomienda en el mundo americano, es el respeto y veneración con que siempre han sido mirados los eclesiásticos,…[Sin embargo], los sagrados deberes que nos impone la gloriosa carrera que hemos emprendido, nos autoriza para quitar los estorbos embarazosos a la consecución del objeto que nos hemos propuesto. Este derecho natural y divino [precede] a toda institución eclesiástica…

  […] Es igualmente falso que se haya celebrado matrimonio alguno sin presencia del propio párroco o con dispensa dimanada de la vicaría general castrense. El [encontrarse] en el arzobispado o en otra diócesis y el celebrar las órdenes sagradas, es consecuencia necesaria de la injusticia con que nuestros opresores nos hacen la guerra, y de los derechos incontestables, divinos y humanos, que nos autorizan para sostenernos contra ellos.”[6]

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    Mínima incursión en los archivos relacionados con la actividad de los cabildos eclesiásticos en la época del ocaso novohispano y el amanecer de México independiente es ésta que me llevó a conocer un caso contencioso de interés y que, como muchos de los que esperan estudio, nos ayuda a tratar de comprender un panorama de complejidad extraordinaria y de ángulos muy diversos vivo hace doscientos años, a fin de que las fechas que nos reúnen no queden en simplificaciones conmemorativas. Nos ayuda a comprender, de igual modo, a personajes “de segunda fila”, sin aura heroica que sostuvieron una lucha en el terreno de las ideas, de las convicciones y de la ética y la limpia religión.

  Un archivo –concluyo-- no es un depósito de papeles viejos ni un acervo de inutilidades; es el pulso y la vibración de la vida que desde el ayer más o menos remoto da luz a nuestros senderos de hoy y de mañana.


 

[1] El resultado de mi investigación se presentó en el Coloquio internacional “La guerra de las conciencias: monarquía o independencia en los mundos hispano y lusitano” que tuvo lugar en la ciudad de Tlaxcala en septiembre de 2009: Un caso de conciencia: los argumentos de José María Cos frente al Cabildo Catedral de México. 1812. Está publicado en: Milena Koprivitza/ Manuel Ramos Medina/ Cristina Torales Pacheco/ José María Urquía/ Sabino Yano Bretón (eds.), La guerra de las conciencias. Monarquía o independencia en los mundos hispano y lusitano, Gobierno del estado de Tlaxcala/ Universidad Autónoma de Tlaxcala/ Universidad Iberoamericana/ Embajada de España… Tlaxcala 2010, pp. 408-440.

[2] Impreso. Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Libro 65, Actas de la sesiones ordinarias y extraordinarias del Cabildo, sin foliar. (Copia microfilmada en el Centro de Estudios de Historia de México CARSO, rollo 1230). Véase mi artículo: Un caso de conciencia, p. 417.

[3] Un caso de conciencia, pp. 417s.

[4] Id., p. 419.

[5] Id., pp. 421s.

[6] Id., 419-420.