INQUIETUDES Y SOBRESALTOS EN LA VIDA PARROQUIAL DE JALA, 1936-1942.

 

1.- Antecedentes.

      El 8 de noviembre del año pasado presenté en la sede de la Academia de la Historia en la ciudad de México mi discurso de ingreso al que titulé Voces y silencios de la historia de Nayarit. Ese título expresó implícitamente el compromiso de llenar, por medio de la labor investigativa, algunos de esos silencios. Es lo que pretendo hacer en estas páginas, primer fruto de la consulta del archivo parroquial. Habrá más –espero-- corriendo el tiempo.

   La fuente principal es un legajo con cincuenta documentos –cartas todas ellas-- dirigidas por el obispo de Tepic Don Anastasio Hurtado y Robles al párroco de Jala Don Ángel P. Cárdenas o al Padre Félix Rodríguez, Vicario de la misma parroquia. El estilo de la escritura de Monseñor Hurtado –del que recibí más de una carta durante mis años de estudio en el Seminario de Montezuma-- es extremadamente sobrio y directo; da pie, sin embargo, a conocer a fondo el tema del que se trata. Todas sus cartas terminan con el estribillo: “Dios guarde a Usted muchos años”, fórmula de cortesía que cobija una expresión de bendición con raíces en la antiquísima tradición bíblica.

Para redactar estas páginas hice uso, además, de algunos documentos del Libro de Gobierno del año 1869 a 1946 y, desde luego, de elementos contextuales diversos a fin de que los acontecimientos locales apunten, desde su concretez, hacia su lugar en el ámbito más amplio, análogo pero no idéntico, de los cauces históricos de índole nacional y de procesos de mayor duración vividos aquí como momentos de tensión humana y de difícil toma de decisiones. La distancia temporal nos permite, sin convertirnos en jueces, tratar de comprender lo que la gente vivió y las huellas que de esas vivencias quedaron como experiencias de sufrimiento, realismo y crecimiento.

La diócesis de Tepic, sobre todo en la parte de su territorio perteneciente al estado de Nayarit se encontraba en situación crítica en 1934 respecto a la libertad de ejercicio del ministerio sacerdotal y de las actividades de los católicos en general en sus templos y otros espacios, cerrados y abiertos, donde la religiosidad popular se expresaba. El 10 de septiembre del año citado, por medio de un decreto (el n. 1515) de la Legislatura Estatal se prohibió la celebración del culto religioso. Por consiguiente, los templos quedaron cerrados y a cargo de algún vecino de la localidad y los sacerdotes tuvieron que vivir en una práctica clandestinidad aunque en realidad, tratándose de poblaciones de pocos habitantes su presencia era un “secreto a voces.”[1]

  El 1° de marzo del año siguiente falleció en la ciudad de Guadalajara Monseñor Manuel Azpeitia y Palomar, quien había ocupado la sede episcopal de Tepic desde 1919. Ese mismo día, a fin de ejercer transitoriamente la potestad diocesana, se eligió al Pbro. Anastasio Hurtado Robles, originario de Mascota, Jalisco, quien había sido hasta entonces Vicario General. El 12 de diciembre de 1935 se anunció que a fin de llenar la sede vacante, había sido nombrado obispo Don Anastasio Hurtado, Vicario Capitular.[2] El 12 de abril de 1936 fue ordenado en la catedral de Guadalajara siendo el ordenante principal Don José Garibi Rivera, quien recientemente había tomado posesión de esa arquidiócesis a la muerte del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez.

  La situación que encontró en la diócesis no era sencilla y tampoco su seguridad personal.[3] La persecución religiosa que para 1936 había cesado en buena parte del país continuaba en Nayarit y no siempre con sordina sino con alarde. El reparto agrario en el estado se intensificó a partir de 1934, afectó a todo el territorio y de un modo peculiar a la zona de Jala y, más en general, el altiplano nayarita.

 

  2.- Agrarismo y agraristas.

 El agrarismo en el territorio de Tepic y después de su erección, en el estado de Nayarit, tuvo dos épocas: la primera, iniciada hacia 1909 fue a base de compra de terrenos baldíos: “[…] encabezados por Epifanio Gómez, se aglutinaron algunos jaleños y jomulqueños para adquirir tierras…al gobierno federal…se logró obtener 401 hectáreas realengas a un precio de 1049 pesos; el mismo Porfirio Díaz firmó las escrituras.”[4]  Este fue el agrarismo “popular”, “de abajo,” que tuvo desarrollo lento pero consiguió que hubiera un número de cierta importancia de pequeños propietarios. A partir de 1934, sin embargo, ese modo de adquirir la tierra e incluso las solicitudes de reforma agraria que surgieron ya en la época revolucionaria tuvieron un punto de flexión en la Ley de Fraccionamiento de Latifundios de Nayarit emitida en Tepic el 4 de mayo de ese año y en la afiliación de líderes agraristas nayaritas a las organizaciones nacionales.[5] En el “plan sexenal” del presidente Lázaro Cárdenas (quien tomó posesión en diciembre de 1934) estaba señalado el tema del reparto agrario: “[…] ésta [fue] la primera acción política radical que fracturaría, en pocos meses y en calma social, la estructura agraria regional y que marcó el tránsito definitivo del agrarismo popular al agrarismo corporativizado.”[6] Los “agraristas” organizados como “cuerpo” quedaron de pronto, aunque no de manera individual, como sustentantes al menos pasivos de una ideología que se enfrentaba a las posiciones católicas a pesar de que en no pocas ocasiones se había expuesto la doctrina sobre la cuestión social integrada en la encíclica de León XIII Rerum Novarum de 1891 y que, además, así como habían sido “carne de cañón” para enfrentar a los cristeros verdaderos y falsos, lo serían de alguna manera para darle forma a la “educación socialista” mandada en la reforma al artículo 3° hecha en 1934[7] y a la búsqueda de tierras y fincas consideradas “de la Iglesia,” pues la constitución de 1917 había dejado prácticamente al arbitrio de los funcionarios el uso de los edificios que tenían destino religioso de modo directo o indirecto.[8]

  A nivel nacional algunos agraristas se afiliaron al Partido Comunista, otros, como los delegados nayaritas presentes en la V Asamblea de la Liga Nacional Campesina de 1930, se unieron al partido oficial (PNR) y bastantes quedaron con el ala radical encabezada por los veracruzanos Úrsulo Galván y Adalberto Tejeda.[9] Por consiguiente, los agraristas nayaritas no eran comunistas ni quizá socialistas, pero existen referencias a posturas anticlericales en nombre de los “intereses revolucionarios.” Así, por ejemplo, un líder local de Jomulco, Lucio Hernández, expresó: “[…] los ejidatarios de Jomulco no pagan diezmos ni primicias a miembros de cualquier culto religioso, todos están convencidos de que estos actos son contrarios a sus intereses y a los de la revolución.”[10]

  Lo anterior explica la posición delicada del Padre Ángel Cárdenas al tomar posesión de la parroquia de Jala el 5 de diciembre de 1936, misma que le fue entregada de parte del Señor Obispo por el Pbro. Francisco Centeno.[11] Durante el período del cierre del culto (los últimos meses de 1934, 1935 y los primeros de 1936), algunos edificios que habían servido a la parroquia fueron ocupados por agremiados del agrarismo y se destinaron o estuvieron a punto de destinarse a usos diferentes del religioso. De igual manera, de entre ellos mismos se eligieron “encargados” que asumieron la custodia de los bienes inmuebles y muebles a la manera de lo que indicaba el artículo 130 de la constitución de 1917 sin cuidar que su militancia religiosa, mencionada en la ley reglamentaria fuera débil.

  El culto pudo reanudarse, pero continuó vigente el decreto número 1515 del gobierno nayarita que reducía de forma drástica el número de sacerdotes y que para el municipio de Jala permitía solamente uno. Por esta razón, aunque a Don Ángel se le confirió la autoridad canónica, al Padre Félix Rodríguez, que estaba registrado ante el gobierno y fungía canónicamente como vicario ecónomo, se le extendió el nombramiento de “vicario auxiliar o coadjutor” del párroco el 20 de septiembre de 1936.[12] El 4 de noviembre, Monseñor Hurtado emitió una circular precautoria acerca de los sacerdotes registrados y los no registrados ante el gobierno: “[…] Los sacerdotes no registrados continuarán celebrando el Santo Sacrificio de la Misa en su casa habitación sin que les sea lícito hacerlo en otra parte sin licencia…[Los] exhortamos a que con precauciones y en la medida de su posibilidad ayuden a los registrados en el trabajo, pues es imposible que ellos puedan hacerlo todo.”[13] El 7 de diciembre Don Félix hizo la profesión de fe y el juramento antimodernista, prescritos por el Derecho Canónico, en manos del Padre Cárdenas.[14] Se explicó muy bien la situación: “[…] Puesto que según el decreto 1515 de la Legislatura de Nayarit no puede haber sino un solo sacerdote que administre los sacramentos y predique la divina palabra en la municipalidad de Jala y con el fin de atender en cuanto sea posible al bien espiritual…designamos al Sr. Presb. D. Félix Rodríguez…y como en todo suplirá al referido párroco, incapacitado permanentemente por la inicua ley citada y ahora por sus enfermedades para cumplir como es debido las obligaciones de su cargo, le competen todos los derechos y deberes de los párrocos, exceptuando la aplicación de la misa pro populo que grava como hasta el presente al Sr. Cura.”[15]

  Muy pronto el Padre Cárdenas le hizo saber a Don Anastasio varios asuntos: que no había encontrado el Libro de Gobierno en el archivo parroquial, que el Padre Manuel Rivera no había entregado las partidas de sacramentos celebrados y que, de cualquier manera, ha tomado posesión de la casa cural. El 15 de diciembre el obispo le respondió: “[…] Quedo enterado de su toma de posesión de esa Parroquia y de la ocupación del curato para vivir en él. Dios quiera que no vayan a entrarles ganas o a crecerles las que tienen de apoderarse de dicha casa.”[16]

  La preocupación por el socialismo estaba muy presente. En el acta de la visita pastoral hecha en enero de 1925, Don Manuel Azpeitia dejó escrito: “[…] Excitamos el celo del Sr. Cura [Padre José María Ledesma] para que trabaje prudentemente contra el socialismo anticristiano y antisocial que ha encontrado manera de anidar en su parroquia. Creemos que esto se conseguirá principalmente con la oración y la incesante labor en pro del catecismo, cuya asociación debe organizar lo más pronto posible, como está mandado.”[17] Cinco años después, el 25 de mayo de 1930 también al término de la visita pastoral dejó apuntada esta observación, esta vez concreta: “[…] Hicimos también una breve visita a los fieles de la Vicaría de Jomulco donde ha arraigado desgraciadamente el socialismo agudo y perverso maleando a muchos pero sin desarraigar en la mayor parte la fe, conservándose en gran parte de aquellos fieles buenos y sanos principios cristianos que saben que están expuestos a perder, unos por las prédicas de los agitadores del pueblo y de fuera de él que los visitan ofreciéndoles beneficios temporales para inculcarles odio a la Santa Iglesia y todo lo que a ella toca; otros por la presión que ofrecen los malvados para formar clubes y sindicatos.”[18] La 3ª carta circular del nuevo obispo de Tepic, emitida el 1 de octubre de 1936 también tocó ese tema. En ella “[…] excita a los Señores Curas a…que se instruyan los fieles sobre lo que es el socialismo y el comunismo, pues ningún católico puede ser socialista sin faltar a su deber.”[19]

  Con la duda acerca de la identificación entre agrarismo y socialismo y por consiguiente, de si los agraristas debían ser considerados herejes y por tanto excluidos de la participación en los sacramentos y en los organismos eclesiales (“asociaciones piadosas”), acudió el párroco Cárdenas al obispo el 29 de diciembre del año citado. El 31 desde Tepic se envió la prolija respuesta basada en la que a su vez había recibido del arzobispo de Morelia y Delegado Apostólico en México Don Leopoldo Ruiz y Flores que aún se encontraba en San Antonio, Tejas por la proscripción que había recibido de parte del presidente Abelardo Rodríguez el 4 de octubre de 1932 de residir en el país.[20] Decía el prelado tepicense: “[…] Hay que distinguir cuidadosamente entre las doctrinas socialistas, que son heréticas y el simple agrarismo. En el primer caso se debe proceder conforme al cánon 2314,[21] pues son herejes, ya que ningún católico puede ser socialista sin faltar gravemente a su deber…En el segundo caso hay que proceder de acuerdo con la Pastoral Colectiva ‘sobre la doctrina social de la Iglesia’…[del] 30 de agosto de 1935.”[22]

  Y citó textualmente la respuesta del Delegado Apostólico: “[…] ‘Viniendo a lo del agrarismo me ocurre decirle: - La expropiación hecha por el gobierno, aun en caso de que sea injusta y sin la debida indemnización, no es un robo sino un perjuicio causado por abuso de autoridad, cuyo remedio deben buscarlo en todos los tribunales los damnificados. –De esa injusta damnificación los responsables en conciencia son las autoridades que la ordenan y no las que meramente la ejecutan ni los que se benefician con ella a no ser que, a sabiendas de que se va a cometer una injusticia, los interesaros promovieran acción determinada contra una determinada propiedad, pues en tal caso serían cooperadores formales y directos. – Por lo mismo, en general creo que no hay que tratar a los que han recibido esas tierras como ladrones, sujetos a la ley de la restitución. Post factum habría que aconsejarles que por equidad entraran en algún arreglo amistoso con el propietario. –En cuanto a lo demás, sí es claro que hay que prohibir terminantemente a los agraristas el que vendan su libertad y, lo que es peor, su conciencia.’ 

  “Con estos antecedentes, Ud. normará su conducta…”[23]

  La Carta Pastoral Colectiva a la que aludía el obispo de Tepic, casi desconocida en la actualidad, lo tiene a él entre los firmantes, en su condición de Vicario Capitular de la diócesis y es de singular importancia. Respecto al tema agrario contiene estos lineamientos que merecen ponderarse: “[…] La Iglesia siempre ha querido…la dignificación del campesino: queremos verlo en…mucho mejores condiciones económicas, morales y sociales, porque sólo así se conseguirá su elevación integral y verdadera y no sólo su mejoramiento en el orden económico…

  “Por eso no basta que el campesino adquiera un pedazo de tierra; hay que proporcionarle crédito en buenas condiciones, prepararlo técnicamente y organizarlo en sociedades y sindicatos adecuados, en los cuales obtenga paulatinamente la formación de su conciencia de propietario y su elevación y mejoramiento total.

  “No se opone, pues, la Iglesia, a una justa y conveniente división de las tierras entre los campesinos, sino que propugna con León XIII porque ‘sean muchos entre el pueblo los pequeños propietarios.’ Doctrina católica, desde antiguo enseñada por los teólogos es que el Estado, por razones de bien común, puede, y en muchos casos debe, dividir la propiedad, con tal que se guarden las condiciones debidas, cuales son, aparte de la verdadera exigencia del bien común, la conveniente indemnización a los legítimos propietarios y la equitativa y proporcionada distribución de los cargos entre los ciudadanos afectados. No sería pues, justo no razonable desconocer que los esfuerzos que en México se han hecho en este punto importantísimo parten de un principio justo y están animados de la loable intención del mejoramiento de los campesinos; pero insistimos en que ese mejoramiento no debe ser sólo económico, sino moral, intelectual y social y que para conseguirlo no sólo es utilísima, sino de todo punto necesaria la intervención benéfica de la Iglesia. Además, es necesario reconocer también franca y resueltamente que la labor desarrollada con el fin de mejorar la condición de las clases humildes, no ha alcanzado el ideal propuesto y, en cambio, sí ha dado ocasión a injusticias, a divisiones funestas y a inquietudes e incertidumbres acerca del porvenir. Ojalá que los errores en los que se ha incurrido (y que son explicables en materia tan difícil) puedan ser corregidos en adelante, procediendo según normas precisas, basadas en un sincero espíritu de justicia y de equidad. ¡Cuánto bien podría hacer la Iglesia en esta materia, aunque no le atañe directamente, si gozara de la libertad necesaria para ello!”[24]

 

   3.- El difícil cumplimiento del artículo 130.

    Uno de los escollos principales que el artículo 130 de la constitución de 1917 presentaba para la gestión de los templos y lógicamente para el desarrollo de las actividades en ellos era la que hablaba de los “encargados.” Había, en primer lugar, una ambigüedad respecto del origen del encargo, es decir, de la autoridad de que provenía y aunque se pretendió que el registro ante la Secretaría de Gobernación fuera constitutivo y no solamente estadístico y ese fue el motivo de la suspensión de cultos ordenada por el episcopado mexicano en 1926, el “modus vivendi” de 1929 dejó claro que el origen venía de la autoridad eclesiástica.[25]   

  El artículo constitucional, vigente hasta 1991, decía así: “[…] El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y de diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos en cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena, llevará un libro de registro de los templos y otro de los encargados.”

  A algunos presidentes municipales les parecía que ellos eran quienes debían nombrar a los encargados o a la llamada “junta vecinal” (los diez vecinos de que hablaba el artículo de la constitución). De igual modo, a pesar de lo concertado en 1929, el “encargado del templo” podía seguir siendo alguien que no fuera sacerdote, existiendo de hecho una diferencia entre el encargado y el sacerdote registrado. Ese era el caso del municipio de Jala en 1936. Parecía, pues, conveniente, que se integrara la “junta vecinal” y se tuviera un “encargado” distinto al que fungía como tal, quien no tenía la confianza del párroco. La oportunidad parecía propicia. Habría sin embargo que  proceder de manera delicada, es decir bajo el viejo manto de “la ley se acata pero no se cumple”, sustentante de la simulación y tomando en cuenta las circunstancias concretas de la relevancia de los agraristas sobre todo en la localidad de Jomulco dominada por ellos, quienes habían ocupado el anexo del templo. En este lugar también, parece que el Presidente Municipal (de Jala) había nombrado al “encargado del templo” y que se había prohibido el toque de las campanas.

  Las instrucciones de Monseñor Hurtado fueron cautelosas pero claras: “[…] Respecto de Jala: Aunque la Junta Vecinal no tiene existencia legal, sin embargo, han dado en llamar con ese nombre a los diez vecinos que intervienen en los cambios de encargados de los templos. Por esto, si no hay la Junta Vecinal, debe integrarse con diez vecinos mexicanos y católicos que, con el encargado de los templos que sea designado, católico también y vecino caracterizado del lugar, formen los inventarios y den los avisos correspondientes de acuerdo con los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Reglamentaria del artículo 130 constitucional.[26] Como ese lugar tiene una población inferior a diez mil habitantes y los templos en cuestión se hallan en el mismo lugar, el encargado, según el punto 7° de la Circular 33 de la Secretaría de Gobernación puede ser uno solo y encargarse de todos los templos, pero formando los inventarios respectivos y dando los avisos de ley.

  “Para la formación de la Junta Vecinal basta que se reúnan los diez vecinos caracterizados y católicos, nombren su encargado y se presenten al Presidente Municipal…procediendo enseguida a la formación de inventarios y avisos, todo firmado por el encargado saliente y el entrante, pues en esto hay responsabilidad criminal. Sin embargo, debe procederse con prudencia, porque si el que se dice encargado de las iglesias cuenta con el favor y protección del Presidente Municipal actual, podrían originarse enojosos incidentes y se causarían tal vez graves dificultades; mas en este caso antes habría que hablar con el Presidente Municipal, haciéndole notar las anomalías que existen, a fin de que consintiera en que se formara la Junta Vecinal y se nombrara nuevo encargado de los templos, por exigirlo así la seguridad de ellos y de los objetos que encierran en sí y en sus anexos. Las circunstancias del lugar y las personales del Presidente Municipal aconsejarán si se habla a éste directamente o por medio de personas que tengan ascendiente con él, a fin de inclinarlo favorablemente.[27]

  “Si el actual encargado ha dispuesto de materiales u otras cosas de la iglesia, que lo explique al nuevo encargado y a la nueva junta, haciéndolo constar, si es necesario, para evitar responsabilidades penales.

  “[…] Respecto de Jomulco: Aplíquese lo dicho a la iglesia y anexo…Por lo que ve a la Junta Vecinal y al nombramiento de encargado del templo, es el mismo caso de Jala. Sólo quiero hacer notar que nombrar el encargado del tempo, aunque sea cosa que reclaman algunos Presidentes Municipales, no les toca a ellos, pues la ley no les concede esta facultad. Tocará, pues, a los vecinos.

  “En cuanto a las campanas, se gestionará pacíficamente, alegando las razones de conveniencia que se tengan, para que se permita tocarlas; ya que no existe ley alguna que prohíba el toque de campanas y lo que es más, los reglamentos de policía los autorizan.[28]

  “Respecto del curato, toca al encargado del templo acudir en queja a la Secretaría de Gobernación y a la de Hacienda, alegando que indebidamente se han adueñado o tomado posesión de ese anexo los agraristas o maestros. Que no ha habido decreto del Presidente de la República retirando de su objeto el curato; que es necesario para la seguridad de la iglesia; que hay otros lugares donde los agraristas, sin cargar a otro responsabilidad, puedan guardar sus semillas, etc. etc.

  “Por lo que mira al pedazo de atrio que tomaron sin autorización los maestros, será bueno buscar los documentos que tenía en su poder el P. [Silvestre] Jacobo, para hacerlos valer ante las autoridades competentes, pues sólo así se tendría alguna probabilidad de éxito, dada la hostilidad a la Iglesia y a los sacerdotes de parte de las autoridades.

  “En todo caso, Ud. no debe firmar ningunos papeles, porque legalmente está incapacitado por no ser el sacerdote registrado.”[29]

  El asunto del registro era, pues, delicado. En julio de 1938 el Señor Cura Cárdenas le manifestó al obispo de Tepic que su salud había mejorado y que ya podía “desempeñar su cargo personalmente.” Parece que por ambas razones solicitó o insinuó el retiro del Padre Félix. La respuesta fue abierta pero limitante: “[…] lo felicito…Sin duda que los fieles saldrán beneficiados…pues tendrán una atención más esmerada, sea que permanezca o se retire el P. Vicario, que tantos servicios ha prestado en esa parroquia.

  “Tomo nota de su aviso y de su indicación…pero temo disponer al P. Vicario que cancele su registro para que se registre Ud. en su lugar, porque el gobierno del estado no ha querido registrar a nadie, incluso a mí mismo, después de la reanudación del culto, aunque alguno de los sacerdotes afectados haya obtenido el amparo de la justicia federal. Por esto, y mientras se resuelve el caso, creo que conviene que Ud. y su Vicario, en verdadera armonía y santa confraternidad, se aprovechen del disimulo de las autoridades para hacer todo el bien que puedan a los fieles, dando a Dios mucha gloria y salvando muchas almas.”[30]

  Abrió, sin embargo, un postigo: “[…] Si hay otras causas para pedir la remoción del P. Vicario, le ruego que me las diga, con la confianza de un hijo a su padre.” No las hubo.

  Sobre la asistencia a la “escuela socialista” un feligrés, José Guadalupe Michel, pidió permiso para que sus hijos Ramón y Salvador asistieran a ella. Después de unas preguntas que se le hicieron, a Monseñor Hurtado le pareció que no podía concederse, pues el Señor Michel “[…] no cumple en forma siquiera mediana con la voluntad del Santo Padre, expresada en sus Normas.”[31] La referencia a las instrucciones papales lleva a la encíclica Firmissimam Constantiam de Pío XI del 28 de marzo de 1937, que constituyó, con su redacción matizada y programática, el contrapunto de Acerba animi firmada por él mismo del 29 de septiembre de 1932, mucho más radical, en la que se reclamaba en términos amargos el incumplimiento por parte del gobierno mexicano de los acuerdos de 1929. A propósito de la asistencia a escuelas acatólicas el Papa exigía –y es seguramente lo que no encontró el obispo tepicense como resultado del interrogatorio a José Guadalupe Michel—que los niños tuviesen “[…] una esmerada instrucción religiosa y la debida asistencia para mantener su vida espiritual.”[32]

  

  4.- Precauciones, abusos y riesgos.

  El Padre Cárdenas y su coadjutor Rodríguez se dieron a la tarea de reorganizar muchas cosas, ahora que parecía que ya había más cordura y la persecución se iba al pasado.

  El Padre Manuel Rivera había realizado buen número de bautismos pero había dejado en desorden la secuencia que debían tener en el libro correspondiente y muchos datos se encontraban incompletos. Don Anastasio le escribió a Cárdenas lo que sigue: “[…] Ahora lo que importa es que Ud., con la diligencia que acostumbra en todos sus actos, procure recabar de algunas personas…fechas, nombres y demás datos que necesite, a fin de completar dichas partidas, si es posible…[pues] es preferible que queden escritas aunque sea de esa manera y no que ni siquiera quedara alguna noticia de las mismas.

 “[…] las que sean anteriores a la reanudación del culto debe firmarlas el párroco o el encargado de la parroquia; mas las partidas posteriores…debe firmarlas el Vicario Coadjutor de Ud., pues si por una anomalía, muy posible en estos tiempos, fueran de parte del gobierno a visitar los libros, es casi seguro que le exigirían a Ud. responsabilidades y le aplicarían las sanciones de ley, por haber Ud. firmado dichas partidas, no estando registrado.”[33]

  Uno de los puntos centrales de la reorganización parroquial fue la implantación de la catequesis infantil. A este propósito, el prelado le dijo a Don Ángel: “[…] no puedo menos de exhortarlo a que siga trabajando con el mismo prudente celo que hasta ahora ha empleado en bien de los niños, hoy por hoy en tanto peligro, a causa de la perniciosa influencia de la enseñanza socialista.”[34]

  Sin embargo, al comienzo de la cuaresma --febrero de 1937-- restaurando la antigua costumbre, se invitó a los niños del pueblo a asistir a los ejercicios espirituales organizados por la parroquia, distintos desde luego de la enseñanza catequética pero confundidos con ella por gente o ignorante o de mala voluntad. Intempestivamente el presidente municipal, alegando colisión con los deberes escolares de los infantes, envió un documento al párroco prohibiendo que se pidiera la asistencia a tales ejercicios “entre semana.” A la información del Padre Félix Rodríguez, respondió con amplitud el obispo: “Muy sinceramente siento lo que ha sucedido…con motivo de los Ejercicios dados a los niños, y mucho más me apena la prohibición que el Presidente Municipal te ha intimado, en el sentido de que no enseñes la doctrina cristiana a los niños entre semana. Dios quiera remediar tamaño mal, tocando con su gracia el corazón de estos pobres perseguidores de la Iglesia, que no miden las consecuencias de su sectarismo y ellos mismos resultan perjudicados en gran manera. A fin de tener la documentación necesario para un caso ofrecido y para enviar copia al Excmo. y Revmo. Sr. Delegado Apostólico, se servirá Ud. enviarme una copia tanto del oficio del Presidente Municipal como de la contestación que Ud. le dio.[35]

  “Viniendo…al punto de la prohibición de enseñar la doctrina en otros días que no sean ni sábado ni domingo, debo decir a Ud., para que eleve una petición al Presidente Municipal pidiendo que revoque ese acuerdo, que tal prohibición es completamente ilegal: 1. Porque la misma Ley Reglamentaria del art. 130…y la Ley que reforma el Código Penal en Materia de Culto y disciplina externa,[36] en distintos lugares, hablan de culto y propaganda religiosa mas [no] es un acto de culto y de propaganda religiosa la enseñanza de la doctrina. 2. Ni la Ley Reglamentaria ni el Código Penal…prohíben en ninguno de sus artículos que los sacerdotes registrados ejerzan las funciones de su ministerio ni prohíben la enseñanza de la doctrina cristiana ni dan a los Presidentes Municipales facultad alguna para que la prohíban; antes bien, esas mismas leyes garantizan el ministerio sacerdotal en su ejercicio y la propaganda o enseñanza religiosa. 3. El Presidente de la República, en declaraciones hechas el 21 de junio de 1929, dice textualmente: ‘2.- En lo que respecta a la enseñanza religiosa la Constitución y leyes vigentes prohíben de manera terminante que se imparta en las escuelas primarias y superiores, oficiales o particulares, pero esto no impide que en el recinto de la iglesia, los ministros de cualquiera religión impartan sus doctrinas a las personas mayores o a los hijos de éstos que acudan para tal objeto.’[37] Ni podía decir otra cosa, pues la doctrina es esencial a la religión y enseñarla es cosa que pertenece a su constitución interna y no a la disciplina externa. Por consiguiente, es ilegal la prohibición de enseñar la doctrina ‘a las personas mayores o a los hijos de éstas que acudan con tal objeto’, si la enseñanza de la religión o doctrina cristiana se imparte por los ministros o sacerdotes ‘en el recinto de la iglesia.’

  Y bajó al caso concreto de la parroquia jalense: “El memorial que se dirija al Presidente Municipal debe ser firmado por Ud. y redactarse en forma atenta y respetuosa, pues aparte de ordenarlo así la Constitución, con ello no se agriarán más los ánimos y tal vez se consiga más.

  “Asimismo, conviene que se dirija también al Gobernador del Estado,[38] quejándose de tal prohibición y alegando las mismas razones. Con este ocurso conviene que mande una copia del oficio de marras o por lo menos (quizá sea lo mejor), la copia textual de la prohibición.

  “Hay otro recurso, a saber, pedir el amparo de la Justicia Federal dentro de los 15 días a contar del día que Ud. recibió el oficio. Este recurso fue empleado con éxito por el Sr. Cura de Ixtlán,[39] cuando el Presidente Municipal…le comunicó una prohibición semejante, para que no enseñara doctrina en la iglesia. Esto también podría alegarse en los ocursos, diciendo que la Justicia Federal, mediante el Juzgado de Distrito, ha concedido el amparo que se le solicitó…Con lo cual se demuestra también que tal prohibición es ilegal.”

  Concluye la carta con una alusión a la que considera nueva táctica persecutoria, ahora en el ámbito de la enseñanza: “[…] este negocio…es de mucha trascendencia, como que indica el principio de una nueva era de atropellos y persecuciones, a causa de la malhadada escuela socialista.”

 

  5.- Contenciosos en Jomulco.

  Se ha notado ya la  postura radical de los líderes agraristas de Jomulco a los cuales, según nos muestran los documentos, se unían algunos maestros al menos nominalmente socialistas. Animados por la letra de las leyes relativas a los edificios de origen religioso trataron de disponer de ellos por diferentes vías.

  En febrero de 1937 el anexo al templo de Jomulco que se había utilizado como curato se encontraba ocupado por los agraristas que disponían de él para escuela primaria. Dado que las escrituras de propiedad del mismo estaban a nombre de una Señora apellidada Grande, el Padre Cárdenas consultó el 12 de ese mes a Don Anastasio Hurtado acerca de la forma de tramitar la devolución del uso del inmueble. La respuesta a la consulta expresó: “[…] a mi juicio, la persona que sea la dueña de esa casa debe promover judicialmente su devolución y la consiguiente desocupación por parte de los agraristas que la tienen injustificadamente, haciendo valer para el efecto sus legítimos derechos. El hecho de que un Juzgado de primera instancia haya declarado que tal anexo no podía adjudicarse a nadie me parece muy significativo y aun pudiera hacerse valer en el juicio que se promoviera.

  “En cuanto a la persona a quien se diera el poder, sin duda que la misma Señora Grande podría escogerla, pues nadie mejor que ella conoce a las personas. También tiene en su favor la dueña el estar al corriente en el pago de contribuciones, lo cual demuestra sus derechos de propiedad sobre la finca.”[40]

  La Señora Grande era familiar de un sacerdote de la diócesis que gozaba de gran estimación, Don Tiburcio Grande. A pesar de las instrucciones dadas en el mes de febrero, a fines del año aún no se había avanzado en los trámites para la devolución. En parte por lo “cuesta arriba” que se encontraba el asunto y en parte por cierta negligencia. El 30 de diciembre desde el obispado de Tepic se enviaron estas líneas: “[…] Indiqué a la familia del P. Grande lo que debía hacer en orden a salvar la casa cural y me prometieron que lo harían así. Mas como ahora están las cosas, creo que las únicas personas que podrían hacer las reclamaciones legales, con un éxito tenuemente probable serán los dueños, que pagan sus contribuciones. Si ellos se niegan a reparar este daño por la negligencia en hacer las gestiones del caso, creo que tienen ante Dios y ante la Iglesia grave responsabilidad y todo quedará irremediablemente perdido.

  “Los fieles podrán y deberán también hacer gestiones, alegando la necesidad, etc., pero por tratarse de una escuela, el resultado con toda seguridad será negativo. Agréguese a esto que los daños y su conocimiento, es extemporáneo y por lo mismo, cuanto se haga carece de la eficacia debida, por la presunción contraria que ya existe.[41]

  “En cuanto a la veracidad del empleado, realmente es muy sospechosa, cuando no sea complicidad.”[42]

  Por lo que parece, la casa de referencia se perdió para la parroquia.

  En Jomulco, sin embargo, también al templo de San Jerónimo se le vinieron problemas. En febrero de 1938, “las autoridades del pueblo de Jomulco” pidieron una cuota de un peso quince centavos “por la licencia para que se diga misa en dicho lugar.” Al ser enterado Monseñor Hurtado del caso le indicó al párroco: “[…] es un abuso…y no debe eso tolerarse. Aun legalmente, esa conducta es delictuosa y no existe en la Constitución General ni en la Ley Reglamentaria del art. 130 facultad alguna que la justifique; y además, viola el art. 24…y el Decreto 1515, que establece severas penas para los trasgresores, aunque sean los Presidentes Municipales. A mi juicio y para evitar que esos abusos impunemente se multipliquen, deben los vecinos quejarse ante las autoridades superiores. En todo caso, no deben pagar esa licencia indebida.”[43]

  No obstante, parece que la exigencia del pago continuó. El prelado, consultado acerca de la celebración tradicional del día de San Jerónimo (30 de septiembre) manifestó lo que sigue: “[…] Si hay que pagar licencia para celebrar la fiesta religiosa de San Jerónimo en el pueblo de Jomulco (lo cual es un abuso y una violación de la ley), nada absolutamente se haga; es decir, no se celebre la fiesta, ni siquiera el acto religioso. Si no hay que pagar la licencia que antes se exigió, en obvio de mayores males, puede celebrarse o hacerse lo que siempre se ha hecho en el templo en honor del santo patrón.”[44]

  Según parece, se celebró la fiesta “en obvio a mayores males”.

  No obstante, el interés sobre la casa cural pasó al propio templo. A algunos les pareció que podría destinarse a otros fines. Tuvo que hacerse la defensa del recinto dedicado a San Jerónimo. Escribió en mayo de 1939 el prelado: “[…] le manifiesto que el pueblo [de Jomulco], por medio de memoriales u otros recursos legales y el encargado del templo así como el sacerdote registrado deben hacer ver o mejor, probar, que el mencionado templo católico…no está retirado del culto, sino que siempre ha estado abierto; que en él se practican actos y ceremonias de culto; que tiene encargado legal conforme a la Ley Reglamentaria…; que es necesario al pueblo, pues es el único templo que hay en el lugar, que no es necesario para los que lo piden porque tienen otros locales más apropiados, etc. etc. En una palabra, deben defender el templo y su derecho por todos los medios legales.”[45]

  El riesgo de perder el templo continuó latente pero en mayo de 1940 la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda pareció asegurar su uso religioso: “[…] respecto a la iglesia de Jomulco quedo enterado de la contestación que la Dirección de Bienes Nacionales dio a Don Pioquinto Solís.

  “No obstante esa declaración, no dejen de estar pendientes del asunto, puesto que a veces no se cumplen las disposiciones superiores y hay necesidad de hacer nuevas gestiones.”[46]

 

  6.- Pérdidas reales y posibles en Jala.

  Además de la basílica, que ha servido como sede física de la parroquia, en el ámbito de la población existían otros inmuebles propios para las actividades de la misma. El más venerable de todos es el templo de la Inmaculada Concepción, conocido desde hace  mucho tiempo como “iglesia viejita”, uno de los pocos vestigios, aunque muy deteriorado, de una construcción religiosa del siglo XVI en Nayarit.

  En 1937 un grupo de maestros, alegando su desuso, pretendió utilizarlo para actividades teatrales o de reunión. Al párroco le preocupó la pretensión e ideó dedicarlo a que los jóvenes de la ACJM[47] tuvieran sus reuniones y realizaran tal vez algunas actividades culturales. A la consulta hecha a Monseñor Hurtado y Robles, éste respondió: “[…] manifiesto a Ud. que tanto el Presidente de la Junta vecinal como el encargado del templo viejo, si es otra persona distinta, hagan valer, por medio de ocursos o memoriales a la Sría. de Gobernación, con copia para la de Hacienda y para el Presidente de la República: 1. Los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria del art. 130…como que los antes expresados son los responsables ante la ley penal del templo viejo y del valor de sus bienes muebles e inmuebles. 2. El gran descontento que se produciría en el pueblo, principalmente en el sencillo y trabajador, si el templo viejo, que para ellos guarda tantas tradiciones y que está vinculado a la vida misma de Jala, se convirtiera en otra cosa, y mucho más si se convierte en teatro. 3. El dicho Jefe Subalterno de Hacienda en ese lugar…[48] 4. El estar todavía el referido templo destinado al culto. Que aleguen, en fin, cuantas razones puedan exponer, para salvar la iglesia.

  “A los que andan en eso, hay que hacerles saber las penas que la Iglesia tiene sancionadas contra los usurpadores de los bienes eclesiásticos, según el can. 2346.[49]

  “A los muchachos de la A.C.J.M. dígales que, mientras se tenga esa amenaza, sería inconveniente hacer cualquiera cosa que se pareciere a lo que intentan los maestros; porque entonces ellos verían justificadas sus pretensiones hasta cierto punto y tendrían hechos que alegar en su favor, aunque fuera de mala fe e injustamente.

  “Finalmente, me parece que deben tenerse algunos actos de culto en dicho templo, compatibles con el estado del mismo, para que no lo consideren como abandonado y pueda esto alegarse para impedir que lo destinen a otra cosa.”[50]

  El Señor Obispo, en una carta subsiguiente amplió sus sugerencias acerca de la utilización del “templo viejo”. Ahí también señaló la dificultad de que Jesús González, que se ostentaba como encargado e incluso formaba parte del coro parroquial, fuera quien tratara el asunto: “[…Para la ocupación del templo] bastaría que dentro del templo viejo o como anexo suyo, se tuviera la capilla de las Hijas de María[51] y que estas celebraran allí su asamblea o rezaran el santo rosario para que se pudiera alegar que el templo no está abandonado sino ocupado, que no ha sido clausurado sino que en todo el tiempo ha estado abierto al culto público; que es necesario, pues hay asociación piadosa en él establecida para atender, hasta donde se pueda, el culto, dadas las condiciones reinantes y la escasez de sacerdotes.

  “[…] Según el art. 130 constitucional y su Ley Reglamentaria (arts. 10 y 11) no el Presidente de la Junta (a no ser que al mismo tiempo sea encargado del templo que puede ser persona distinta y por regla general ha de ser sacerdote) es el responsable ante la ley penal del templo y de sus bienes…que va a manejar y que recibirá por inventario. A éste, pues, es al que toca hacer las gestiones que indicaba en mi anterior. Y si Jesús González es contrario, esto es, no católico, no puede legalmente ser encargado del templo católico. Además, conviene hablarle al referido Jesús, para aclarar la situación y advertirle su grave responsabilidad de conciencia, si por su negligencia, por sus gestiones o complicidad, o por otros motivos, la Iglesia pierde ese templo, pasando a poder de sus enemigos, así como sobre las penas en que incurrirá si tal cosa sucede, conforme al can. 2346.

  “El expresado Jesús vino conmigo en cierta ocasión, presentándose como el salvador de la situación en ese lugar y como hombre de conciencia y buena voluntad, cosa que después me fue desmentida por persona que lo conoce bien. Algo le dije entonces sobre este particular. Le manifiesto lo anterior para evitar que vaya Ud. a ser sorprendido si dicho sujeto quisiera alegar aquella entrevista o se dijera autorizado por mí, no estándolo. De todos modos, hay que proceder con prudencia.”[52]

  En el mismo mes de diciembre las Hijas de María tomaron posesión del templo viejo al que encontraron en malas condiciones. Ellas, sin embargo, “[…] se aprestan a hacerle algunas reparaciones indispensables para que tenga allí sus juntas la Asociación.”[53] Poco después Monseñor Hurtado aludió a Jesús González, quien realizaba “el trabajo del coro” en la parroquia: “[…] le envío una carta para [él]…a fin de que, una vez que se informe de ella se la mande entregar. Además, si no obedece a lo que yo le digo en mi carta, no debe seguir con el trabajo del coro, pues no sería decoroso que, constituyéndose enemigo de la Iglesia en la forma que se está viendo, continuara sirviendo a la Iglesia, a quien hostiliza, pues esto en cierto modo hasta le facilitaría armas para seguir molestando.”[54]

  Las pretensiones sobre el viejo templo –ahora de los agraristas—siguieron adelante. Éstos querían la llave para usarlo como troje, “para guardar allí maíz de los mismos agraristas o del banco”[55]: “[…] es lo indicado que el pueblo pida y vuelva a pedir su iglesia [y] en caso de que insistan en que se les entregue, alegando que no ha sido abandonada ni retirada del culto ni es tampoco necesaria a los mencionados agraristas para troje, puesto que siempre han guardado sus semillas o celebrado sus sesiones en lugares propios, distintos de la iglesia. Entre tanto, que los fieles frecuenten el templo en cuestión, para que se vea que es necesario a los mismos fieles para los actos de su culto.”[56]

  El templo de la Natividad en el barrio del mismo nombre, conocido también como “el santuario”, permanecía cerrado todavía a mediados de 1938. El 11 de julio Don Anastasio le recomendó al Padre Rodríguez que viera “[…] si es posible que se le entregue el templo de la Natividad, puesto que según la Ley Reglamentaria…y varias circulares federales, los templos han de estar a cargo del ministro del culto responsable, es decir, del sacerdote registrado.”[57]

  De paso le dio algunas recomendaciones acerca de los “templos rurales”: “[…] para evitar dificultades, conviene que tengan un encargado católico, que sea vecino principal del lugar y sea fiel y dócil al párroco, pues así éste o el sacerdote registrado tendrán en su poder, por medio del encargado, el templo y sus muebles. Pero es necesario que entienda el encargado su papel, para que no se repita lo que ya ha sucedido en ese lugar con otro encargado.”[58]

  Y respecto al curato de Jala, que solamente en parte se había recuperado, recomendó: “[…] procúrese tenerlo siempre ocupado de manera que pueda alegarse, en caso ofrecido, esa ocupación y la necesidad de la casa cural para que viva el párroco o el sacerdote registrado y para guardar las cosas de la iglesia, para lo cual serán insuficientes las tres piezas.”

  A pesar de lo anterior y aunque el párroco pudo continuar ocupando la casa, en 1942 se decretó su nacionalización. Escribió el prelado: “[…] quedo enterado del citatorio que recibió Catarino Ibarra y las demás personas, para que comparezcan a la Agencia del Timbre de ese lugar.[59] Es, sin duda, en orden a la nacionalización de esa casa para lo que los citan. Quiera Dios que de las informaciones que den no vaya a resultar la nacionalización como es muy probable que suceda.”[60]

  Otro inmueble que había estado al servicio de la parroquia y que había sido destinado originalmente para casa de ejercicios espirituales corría peligro. A fines de 1938 se presentó con claridad el riesgo de que, dado que el Ayuntamiento municipal la venía usando, fuese nacionalizada y se entregara a la Liga Agraria para su utilización. Dice una carta fechada el 6 de febrero de 1939 en el obispado de Tepic: “[…] se preguntó al Sr. Pbro. D. José María Ledesma[61] que había sobre ese particular y por la respuesta que da parece que dicho Señor Ledesma no prestó la casa de manera voluntaria y que, consumada la ocupación, el Ayuntamiento se comprometió a pagar renta al mencionado sacerdote (cosa que no hizo) o al menos, a últimas fechas, a abonar las rentas atrasadas pagando las contribuciones de la casa (cosa que tampoco ha hecho el Atuntamiento). Nada dice el P. Ledesma sobre si se hizo o no se hizo contrato de arrendamiento, pero da la impresión de que no hubo contrato.

  “Así las cosas, me parece que se ha de comenzar por investigar cómo está ese asunto en realidad; si existe contrato de arrendamiento, con quién, por cuánto tiempo y por qué cantidad; si se ha pagado en algún tiempo la renta o se han abonado contribuciones, por quién y a quién y por qué cantidad; si la casa no ha sido nacionalizada o expropiada (pues esto pondría fin a la cuestión); si el Ayuntamiento reconoce la deuda o no la reconoce; si está dispuesto a hacer el contrato o no, etc. etc.”[62]

  El edificio de la “casa de ejercicios” pasó al organismo que aglutinó a los ejidatarios y continúa con ese destino.

  Antes de terminar, quiero citar dos breves documentos que están fuera del círculo cronológico de este ensayo pero que iluminan los cambios que se dieron en la relación de los párrocos y el gobierno. El 24 de mayo de 1946, el Señor Cura Félix Rodríguez envió una carta al gobernador nayarita, Gilberto Flores Muñoz que había de entregarse en persona por una comisión jalense, la cual fue recibida, por ausencia del ejecutivo estatal por su secretario particular. Le decía: “[…] se presentó ante mí una comisión solicitándome que la procesión del Jueves de Corpus la celebremos externamente y como se trata de un acto religioso público, solicito su opinión.”[63] Cuatro días más tarde por medio de un telegrama urgente, el gobernador contestó escueta pero claramente: “Suya acabo de enterarme. Estoy enteramente de acuerdo en verificación actos refiérese. Salúdolo afectuosamente. Gobernador estado. Gilberto Flores Muñoz.”[64] Don Gilberto, nativo de Compostela, recibió de mi padre el entonces Coronel Jorge Olimón Colio durante su gestión como presidente municipal en esa ciudad en 1931, junto con Don Salvador Gutiérrez Contreras, uno de sus primeros trabajos en la administración pública. Su hermano Guillermo Flores Muñoz, senador en 1934, fue uno de los líderes agrarios nayaritas más notables.[65]

 

   7.- La historia hace pensar.

  Cincuenta hojas de papel nos han revelado la vibración humana de los hechos históricos. Son, en su aspecto material, letras ordenadas a base del toque de los dedos sobre las teclas de una máquina de escribir. Son, ahondando un poco más, pensamientos que apuntan a líneas decisorias que confrontan la identidad de la Iglesia católica en su perfil de institución pública y a la vez formadora de conciencias con el “espíritu revolucionario” que trató de plantar en los mexicanos un nuevo árbol con raíces nuevas sin contar con el arraigo del árbol centenario. Pero son mucho más: son el diálogo basado en problemáticas concretas vividas desde dos responsabilidades: la del párroco de un lugar que hundía sus raíces cristianas en los albores de la evangelización en la Nueva Galicia y que veía los retos del presente suyo como un intento de borrar a la Iglesia de su lugar en el espacio público y la del obispo, apenas llegado al cargo pero con experiencia amplia en los vericuetos jurídicos a que había llevado la constitución de 1917 bajo el signo de la “simulación” y con los rostros concretos de quienes habían en Nayarit y Jalisco ejercido, en manera singularmente errática con apariencias de radicalismo, el poder político en la región.

  En las cartas que han servido de fuentes se percibe el uso de la inteligencia y la racionalidad de Don Anastasio Hurtado, en cuyo ejercicio se había fogueado al lado del obispo Azpeitia, quien nunca dejó a un lado su fisonomía de recio abogado de la Barra jalisciense. Se percibe sobre todo, una sensibilidad pastoral auténtica, lejana a tomar ventajas, a buscar caminos torcidos, influencias, componendas malsanas: clara y abierta dentro de cauces canónicos y teológicos conocidos y aceptados, permeados por una espiritualidad austera y una confianza serena en los designios de la Providencia que finalmente se entretejen con las decisiones de personas concretas y sedimentan en la conciencia el triunfo de los valores trascendentes.

  Esas circunstancias humanas conducen, aunque no se percibe a simple vista, a reconocer la influencia de hechos lejanos en el horizonte geográfico. Concretamente, la carta abierta del Papa Pío XI, Firmissimam Constantiam, redactada con mucho cuidado y conocimiento después de una visita secreta al país de Monseñor Guillermo Piani, quien había conocido en México al presidente Madero y estado presente en los primeros años de la revolución --visita autorizada por el presidente Lázaro Cárdenas-- abrió puertas para un entendimiento inicial y una madurez incipiente en la relación entre la Iglesia y el Estado.[66] La Ley de Nacionalización de Bienes promulgada por el presidente Ávila Camacho el 31 de diciembre de 1940, que abrogó la del 26 de agosto de 1935 dio un mínimo de seguridad jurídica que la anterior no garantizaba pues estaba abierta excesivamente a la interpretación y desde luego a la discrecionalidad en su aplicación que abría el paso a la arbitrariedad.[67]

  Esta trama, compleja y sutil a la vez, marcó el destino de las comunidades asentadas en Jala y en el Sur de Nayarit. Esta región de naturaleza e historia singulares se orientó por rumbos diferentes y en su gente se imprimió una huella de división hecha en el espacio entrañable, corporal y espiritual, de su relación con la tierra. El altiplano nayarita, su geología rugosa a causa de los movimientos telúricos y los cauces de aguas subterráneas y lagunas misteriosas ha tenido y tiene vocación agrícola desde los remotos siglos prehispánicos. Sus hijos antiguos fueron hijos del maíz. El liberalismo político y económico en su versión mexicana del siglo XIX cambió la relación entre los hombres y la tierra: favoreció los latifundios y abandonó los sistemas tradicionales, algunos de ellos prehispánicos y otros emparentados con los estilos rurales españoles, que se cobijaban en las cofradías y en la tenencia comunitaria y compartida. La política agraria mexicana del siglo XX afectó el sistema de las haciendas, repartió la tierra y varió radicalmente las relaciones de poder entre los habitantes del estado y de la región; pero “la tierra no fue de quien la trabajaba”, como decía el ideal zapatista: se quebraron sistemas hidráulicos y de distribución de los productos que habían tardado décadas y algunos de ellos siglos en formarse y el gobierno central organizó a campesinos y “ejidatarios” políticamente, listos para el voto corporativo trienal y sexenal y para la petición de dádivas al neopaternalismo gubernamental. Avanzado ya el siglo XXI, después de que tantos hijos de la tierra del sur nayarita han emigrado y que sociedades anónimas sin rostro y con mínimo derrame económico en las localidades ofrecen trabajo como jornaleros en agroindustrias a muchos que se han quedado, conviene aprender del pasado algunas de sus lecciones y pensar el futuro con mayor realismo.[68]

  Lo que los renglones de estas cartas rescatadas del archivo parroquial expresan, algo pueden enseñarnos.

 

Jala, Nayarit, 9 de marzo de 2012.


 

[1] “El día diez del mes de Spbre. de mil novecientos treinta y cuatro, por orden del Gobierno Federal se cerraron los cultos católicos en el estado. Jala…J. Félix Rodríguez (rúbrica)”. Libro de Gobierno, f. 224v. Erróneamente señala que fue el gobierno federal y no el estatal.

[2] Vicario general hace referencia a la potestad ordinaria que un sacerdote recibe del obispo para su ejercicio en nombre suyo es el segundo en la diócesis. Vicario capitular se aplicaba hasta 1983 a quien ejercía como autoridad diocesana durante la vacancia de la sede o cuando ésta estuviera impedida.

[3] Para comprender la inestabilidad y las dificultades al asumir el cargo basten estas líneas: “[…] regresaba a Tepic…el día 26 de marzo [de 1936] en compañía del… Presb. D. Alejo Enríquez cuando en un lugar despoblado entre estación  Borbollón y Compostela, fue bajado del tren, así como el Sr. Cura por dos confidenciales ayudados por un capitán y cuatro soldados…quienes sin comedimiento alguno registraron sus equipajes y les pusieron guardias de vista” “[…] inculpándonos de agitación existente en Nayarit sin pruebas ni presunción alguna fundada.” (Álbum conmemorativo de la consagración episcopal del Excmo. y Revmo. Sr. Dr. Don Anastasio Hurtado, Dignísimo IV Obispo de Tepic, Imprenta Ruiz, Tepic 1938, p. 29. 2ª parte: cita de la “carta nocturna” que envió telegráficamente al Secretario de Gobernación, Lic. Silvano Barba González, el 28 de marzo)

[4] Entrevista de Pedro Luna y Everardo Rodríguez a José Santos Galindo, Jala, 21 septiembre 1986. Cita en: José Mario Contreras Valdez, Reparto de tierras en Nayarit, 1916-1940: Un proceso de ruptura y continuidad, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana/ Universidad Autónoma de Nayarit, México 2001, p. 117.

[5] Esta ley, su decreto de promulgación y la del “establecimiento de la deuda agraria” del 24 de julio de 1934, está transcrita en: Jean Meyer, Colección de documentos para la historia de Nayarit,1810-1940, vol. 5, Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic reimpr. 2008, pp. 267-277.

[6] Reparto de tierras, p. 114. Sin embargo, respecto del “plan sexenal” escribió Luis Cabrera: “[…] no es un plan de reformas sociales…es un manifiesto político a base de un programa de actividades gubernamentales…que aunque deja asomar propósitos ulteriores de reforma social, se ocupa especialmente de los problemas concretos de gobierno, y sólo indirectamente apunta la dirección hacia donde deberá orientarse el país.” (Los problemas trascendentales de México, Editorial Cultura, México 1934, p. 19). Una visión oficialista del agrarismo con abundante material histórico y reflexivo es: Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria. Exposición y crítica, Fondo de Cultura Económica, México 1974 (1ª reimpr, de la 2ª ed. La 1ª ed. es de 1959). Una fuerte crítica a las raíces del agrarismo antes del reparto agrario en México la hizo Antonio María Sanz Cerrada, Las catacumbas en Méjico o la tiranía bolchevique, Vincent Printing Co., Los Ángeles 1926, principalmente en el capítulo El liberalismo español y el agrarismo mejicano, pp. 118-122.

[7] Sobre el tema de la educación, puede verse mi libro: Asalto a las conciencias. Educación, política y opinión pública. 1934-1935, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, México 2008. No son muchos los testimonios sobre hechos concretos en este asunto. Uno de ellos, sobre la ciudad de Guadalajara (septiembre de 1935), es el siguiente: “[…] La Dirección de Educación Pública del estado de Jalisco, a cargo de Enrique García Ruiz, reparte en las escuelas de Guadalajara una hoja impresa a dos tintas (roja y negra) denominada Fuego, con el objeto que las maestras de grupo expliquen a los alumnos (en general grupos mixtos) obligándoles después a hacer composiciones con el tema: ‘La escuela rural enseña al hijo del campesino lo que los latifundistas y el clero ocultan al campesino.’ La hoja, después de explicada conforme a los postulados de la Escuela socialista, se fijó en las paredes de cada salón y la composición más radical se mandó a la Dirección de Educación.” (Archivo del Secretariado Social Católico, Informe. Transcripción: Ultrajes a la Iglesia en Guadalajara perpetrados de septiembre a octubre de 1935, Boletín Eclesiástico…Arquidiócesis de Guadalajara, CXIX/3 (marzo 2008), p. 61).

[8] El art. 27, en su fracción II, dejaba sin seguridad jurídica los bienes inmuebles que habían de servir a los servicios religiosos y las oficinas y habitaciones de sus ministros: “[…] Los templos destinados al culto público son de la propiedad de la Nación representada por el Gobierno Federal, quien determinará los que deben continuar destinados a su objeto. Los obispados, casas curales, seminarios, asilos o colegios de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edificio que hubiere sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasarán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la Nación, para destinarse exclusivamente a los servicios públicos de la Federación o de los Estados en sus respectivas jurisdicciones.” A nadie se le escapa el riesgo próximo en que se encontraban los curatos y “cualquier otro edificio.”

[9]  Reparto de tierras. Pp. 124s.

[10] Archivo de la Secretaría de la Reforma Agraria. Delegación Nayarit. Cita en: Reparto de tierras, p. 134.

[11] Libro de gobierno, ff. 226s.

[12] Id., ff. 225 y 226v.

[13] Id., f. 225v.

[14] Id., f. 226v.

[15] Id., f. 225r.

[16] A. Hurtado a Á. Cárdenas, Tepic, 15 diciembre 1936. (Doc. 1). (El énfasis es mío). (En adelante citaré solamente el número del documento y la fecha a no ser que no firme Monseñor Hurtado).

[17] Archivo Parroquial de Jala, Libro de Gobierno 1869-1945 (Libro de Gobierno del Curato de Jala que da principio el 12 de abril de 1869 siendo encargado el Presbítero Don José de Mesa), (manuscrito foliado 1-398), f. 210v.

[18] Libro de Gobierno, f. 217r. La manera de pensar de Don Manuel Azpeitia en relación al liberalismo y al socialismo la he estudiado en: Un obispo reflexiona sobre la Iglesia en México en 1922. En torno a la 3ª Carta Pastoral de Monseñor Manuel Azpeitia y Palomar, Obispo de Tepic, en: Juan Carlos Casas García (ed.), Iglesia, independencia y revolución, Universidad Pontificia de México, México 2010, pp. 286-309.

[19] Libro de gobierno, f. 224r.

[20] Sobre este tema puede verse mi libro Confrontación extrema. El quebranto del “modus vivendi” 1931-1933, IMDOSOC, México 2008.

[21] En el Código de Derecho Canónico de 1917 (Título XI, canon 2143) se lee: “Los apóstatas, herejes o cismáticos incurren ipso facto en la excomunión…Quienes dieren su nombre a sectas acatólicas o se adhiriesen a ellas públicamente, son ipso facto infames.”

[22] El 31 de julio de 1935, el sacerdote jesuita Alfonso Méndez Medina, paladín de la doctrina social de la Iglesia pronunció un discurso muy interesante en la ciudad de Puebla con el tema “El pequeño crédito agrícola y el problema agrario mexicano.” Publicado en: Conferencia del Episcopado Mexicano-Comisión Episcopal de Pastoral Social (eds.), 90 años de pastoral social en México, II: Anexos, México 1988, pp. 213-224.

[23] Doc. 2, 31 diciembre 1936. (Los subrayados son míos).

[24] Carta pastoral colectiva que el episcopado nacional dirige…sobre la doctrina social de la Iglesia, México, D.F., festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona de América [sic], 30 de agosto de 1935, p. 12. Agradezco a la Lic. Verónica Morales Gutiérrez, encargada de la Biblioteca “Pedro Velázquez” del IMDOSOC por haberme dado la referencia concreta para localizar este documento. A la Dra. María Eugenia Ponce Alcocer, de la sección de Acervos Históricos “Manuel Ignacio Pérez Alonso” de la Biblioteca “Francisco Xavier Clavigero” de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, el envío de una copia digitalizada del mismo.

[25] Este asunto y los perfiles históricos de la negociación lo traté con amplitud en mi libro: Diplomacia insólita. El conflicto religioso en México y las negociaciones cupulares (1926-1929), IMDOSOC, México (reimpr.) 2008.

[26]  El art. 10 transcribe una fracción del artículo constitucional al que se refiere. (Véase el texto citado atrás). El art. 11 dice: “Por regla general los encargados de los templos serán ministros del culto que vaya a practicarse en ellos. Si se presentaren dificultades para cumplir este precepto, podrá nombrarse encargado del templo a uno de los vecinos más caracterizados del lugar, que pertenezca a la religión o secta a que el templo esté dedicado.- Los encargados…deben ser mexicanos por nacimiento y serán responsables conforme a la Ley Penal, de los bienes muebles e inmuebles que van a manejar y que manejarán por inventario.” El art. 12: “[…] En todo caso de designación o cambio de encargado…se levantará por duplicado un acta y se formará, también por duplicado, un inventario de lo que pertenece al templo, remitiéndose un tanto del acta y otro del inventario a la Secretaría de Gobernación, al darse el aviso prevenido en el mencionado artículo 130.- La falta de aviso será castigada en los términos que fija el Código Penal y la Secretaría de Gobernación ordenará la clausura del templo en tanto quedan llenados los requisitos constitucionales.

[27] El presidente municipal era José de Jesús Cortés Hernández.

[28] Sin embargo, acerca de la prohibición del toque de campanas existe el antecedente en el período de radicalismo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1872-1876). La situación puede conocerse en la Carta colectiva de los obispos mexicanos del 19 de marzo de 1875. (Texto en: Alfonso Alcalá/ Manuel Olimón (eds.), Episcopado y gobierno en México. Cartas pastorales colectivas del Episcopado mexicano, 1859-1875, Ediciones Paulinas/ Universidad Pontificia de México, México 1989, pp.293-338.)

[29] Doc. n. 3. 15  enero  1937.

[30] Doc. n. 24, 29 julio 1938.

[31] Doc. n. 30. 4 febrero 1939.

[32] Firmissimam, n. 32. En mi libro Hacia un país diferente. El difícil camino hacia un modus vivendi estable (1935-1938), pp. 254-267, hice un recorrido amplio de la encíclica ubicándola en el contexto de búsqueda de estabilidad en la relación entre la Iglesia católica y el Estado revolucionario encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas.

[33] Doc. n. 4, 20 enero 1937. (Énfasis mío).

[34] Id.

[35] Doc. n. 7, 25  febrero 1937. El 20 de ese mes, es decir, cinco días antes de la fecha de esta carta, Don Luis María Martínez, arzobispo de México recibió el nombramiento de Delegado Apostólico, relevando al arzobispo de Morelia Ruiz y Flores. (Nótese en la redacción de esta carta el uso alternado del tratamiento “tú” y “Usted”. El P. Félix era un hombre joven, de alrededor de 30 años.)

[36] Promulgada el 21 de junio de 1926.

[37] Estas declaraciones públicas, junto con las del arzobispo Ruiz y Flores se publicaron el 22 de junio de 1929 en los periódicos de circulación nacional, por ejemplo, en El Universal. El texto completo se encuentra en mi libro Diplomacia insólita, pp.111-113.

[38] Se trataba del Sr. Francisco Parra Ortiz.

[39] Don Justo Barajas.

[40] Doc. n. 6. 15 febrero 1937.

 

[42] Doc. n. 16. 30 diciembre 1937.

[43] Doc. n. 20. 5 marzo 1938.

[44] Doc. n. 25, 26 septiembre 1938.

[45] Doc. n. 34, 27 mayo de 1939.

[46] Doc. n. 46, 29 mayo 1940.

[47] Asociación Católica de la Juventud Mexicana, afiliada a la Acción Católica Mexicana a partir de 1929.

[48] Sin duda desfavorable al cambio de destino del inmueble.

[49] Este canon prescribía: “Si alguien, por sí o por otros se apropia y presumiblemente usurpa bienes eclesiásticos de cualquier género, muebles o inmuebles, corpóreos o incorpóreos o impide que aquellos a quienes por derecho les corresponden reciban los frutos o réditos correspondientes, permanecerán bajo excomunión mientras no restituyan íntegramente esos bienes, remuevan cualquier impedimento y acudan a la Sede Apostólica solicitando la absolución…”

[50] Doc. n. 14, 13 diciembre 1937.

[51] A pocos metros de la “iglesia viejita” se construyó a fines del siglo XIX la capilla de las Hijas de María.

[52] Doc. n. 15, 23 diciembre 1937.

[53] Doc. n. 17, 5 enero 1938.

[54] Doc. n. 18, 18 febrero 1938.

[55] Referencia al Banco Nacional de Crédito Ejidal, fundado por el presidente Cárdenas el 6 de junio de 1936, “[…] con el objeto de otorgar crédito y ayuda técnica exclusivamente a los ejidatarios.” (Silva Herzog, El agrarismo mexicano, p. 407.

[56] Doc. n. 32. (Pbro. Bibiano M. Mena, Vicecancelario a Pbro. Félix Rodríguez), 8 febrero 1939.

[57] Doc. n. 22, 11 julio 1938.

[58] El caso de Jesús González, sin duda.

[59] La oficina subalterna de la Secretaría de Hacienda.

[60] Doc. n. 50, 16 abril 1942.

[61] Quien había sido párroco de 1913 a 1934.

[62] Doc. n. 31, 6 febrero 1939.

[63] F. Rodríguez a G. Flores Muñoz, Jala, 24 mayo 1946. (Hoja suelta).

[64] G. Flores Muñoz a F. Rodríguez, Tepic, 28 mayo 1946. (Hoja suelta).

[65] Dice José Mario Contreras Valdez: “[…] La iniciativa del proyecto legal de expropiación de tierras se desarrolló con la aprobación de Abelardo Rodríguez y fue instrumentada por el senador Guillermo Flores Muñoz y el diputado local Bernardo M. [de] León y asesorados por intelectuales y agraristas de la talla de Andrés Molina Enríquez, Gildardo Magaña, Manuel Palafox y Marte R. Gómez, quienes conocían bien la situación política y agraria de la entidad.” (Reparto agrario, p. 124). En dos volúmenes se ha publicado la amplísima e interesante correspondencia de Marte R. Gómez: Vida política contemporánea. Cartas de Marte R. Gómez, FCE, México reimpr. 1994. Una misiva suya al término de su gestión como secretario de Hacienda y Crédito Público (lo había sido de Agricultura y Ganadería de 1928 a 1930 y lo sería de nuevo de 1940 a 1946, al término de la cual fue sucedido por Don Gilberto Flores Muñoz), dirigida al Gral. Abelardo L. Rodríguez dice: “[…] la gestión de usted fue altamente fecunda para el país y para la causa de la Revolución porque…cuando se respiraba un ambiente de pesimismo y se detenía la marcha de las conquistas revolucionarias agrarias y obreras, supo usted reivindicar la fe en la causa del pueblo…y restablecer de modo claro y constructivo una política revolucionaria bien orientada.” (vol. I, p. 411) Es interesante pulsar la lectura anticlerical que hace de la historia mexicana a propósito de la “enmienda Borah” presentada en el Senado estadounidense sobre la libertad religiosa, en una larga carta dirigida al Lic. Emilio Portes Gil, secretario de Relaciones Exteriores desde París a donde fue como embajador: vol. I, pp. 414-418. Referencias al contexto de la propuesta del senador Borah las doy en mi libro: Hacia un país diferente, cap. 4, Percepciones, conjeturas y propuestas, pp. 70-87 y cap. 5, Un comité interreligioso visita México, pp. 88-102.

[66] El tema puede conocerse en mi libro Hacia un país diferente, cap. 9, El arduo camino para la visita de Monseñor Guillermo Piani, pp. 170-221. Un resumen del documento (informe confidencial) que envió a la Santa Sede y que se depositó en el archivo de la Delegación Apostólica en Washington está en las pp. 304-319.

[67] La ley de 1935 se encuentra también en el libro antes citado, pp. 296-303.

[68] En la primera plana del diario Avance de Tepic del 7 de marzo de 2012 se lee: “Emprendemos una nueva era en el campo de Nayarit.” El texto, a propósito de la inauguración de una agroindustria en el municipio de Compostela, cita al gobernador del estado, Roberto Sandoval: “[…] hoy estamos listos para emprender una nueva era en el campo de Nayarit…el Gobierno de la Gente estará muy pendiente de que su empresa salga adelante, no nada más porque invirtieron en Nayarit, sino también porque queremos que sea la punta de lanza para que vengan a invertir más empresarios a estas hermosas tierras benditas por Dios…” (Reportaje de Julio Casillas)